Durante el encuentro con los miembros de la Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo de la Cámara de Diputados, los ministros explicaron que el proyecto tiene como objetivo dotar al sistema judicial de herramientas más eficaces para el control documental en procesos que involucren títulos de crédito. Se trata de una propuesta centrada en la adecuación de normas procesales con miras a impedir el uso indebido de pagarés una vez canceladas las obligaciones.

El ministro, doctor Eugenio Jiménez Rolón, manifestó que el documento responde a una necesidad identificada, tras un análisis técnico que contempló distintos escenarios de riesgo asociados a la circulación no controlada de estos instrumentos. Añadió que, por tratarse de una materia con alta incidencia en las relaciones comerciales, el diseño normativo fue abordado con especial rigurosidad por el Poder Judicial.

Por su parte, el ministro, doctor Alberto Martínez Simón, detalló que la iniciativa no afecta el contenido sustancial de la legislación vigente, sino que propone mejoras en los procedimientos aplicables ante los juzgados y tribunales. Indicó que se busca asegurar la trazabilidad de los documentos y su entrega al deudor, conforme a las garantías del debido proceso y los principios de seguridad jurídica.

Ambos ministros coincidieron en que el proyecto, originalmente elaborado por la Corte Suprema de Justicia, ya fue fue revisado por la Cámara de Senadores, donde fue objeto de algunas modificaciones. En este sentido, reiteraron la voluntad institucional de colaborar con el Congreso Nacional para avanzar en una normativa que contribuya a la transparencia y la seguridad de las operaciones respaldadas por títulos de crédito.

La reunión fue presidida por el diputado Héctor Figueredo y contó con la asistencia de autoridades del ámbito legislativo y del Ministerio de Industria y Comercio, quienes intercambiaron puntos de vista sobre la viabilidad técnica y operativa de la propuesta.

Desde el Poder Judicial se valoró el espacio de articulación interinstitucional como una oportunidad para contribuir al fortalecimiento normativo del sistema procesal civil. El proyecto continuará su curso legislativo en la Cámara de Diputados. La Corte Suprema de Justicia reafirmó su compromiso con la transparencia, la seguridad jurídica y la cooperación con los demás poderes del Estado en temas de interés común.