19 DE SEPTIEMBRE DE 2025
SE PLANTEA VÍA LEGAL EXCEPCIONAL PARA LEVANTAR EMBARGOS POR EXPEDIENTES EXTRAVIADOS
Corte Suprema impulsa iniciativa legislativa: ministro Martínez Simón detalló alcances en una entrevista radial
En una entrevista emitida por Radio 1000 este jueves 18 de septiembre de 2025, el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Alberto Martínez Simón, expuso los ejes centrales del anteproyecto aprobado por el pleno de la máxima instancia judicial, orientado a asistir a las víctimas del esquema conocido mediáticamente como la “mafia de los pagarés”. La propuesta, tratada en sesión plenaria el miércoles 17 de septiembre, será remitida al Congreso Nacional con el objetivo de habilitar una vía legal excepcional para suspender embargos salariales sin comprometer la seguridad jurídica ni el equilibrio del sistema financiero.
Durante la entrevista, el ministro Alberto Martínez Simón explicó que la propuesta aprobada por la Corte busca brindar una herramienta legal puntual para atender situaciones excepcionales en las que se registren embargos salariales sin respaldo documental, debido a la desaparición del expediente judicial. Señaló que, conforme al artículo 192 de la Constitución Nacional, las medidas cautelares dentro de un proceso solo pueden ser modificadas por resolución judicial, lo que impide a la Corte actuar administrativamente ante este tipo de casos.
El anteproyecto establece cuatro condiciones que deben cumplirse simultáneamente para permitir la suspensión del embargo:
- Que el caso esté radicado ante un juzgado de paz.
- Que exista una denuncia formal ante la comisión del Senado que investiga estos hechos.
- Que la inexistencia del expediente haya sido constatada mediante informe del actuario judicial.
- Que el levantamiento solo pueda aplicarse a sueldos y otros emolumentos laborales.
El ministro destacó que este planteamiento surge en el marco del tratamiento legislativo de un proyecto de ley con media sanción en la Cámara de Senadores, valorando los esfuerzos realizados para ofrecer soluciones a las personas afectadas. Indicó que el documento aprobado por la Corte constituye un aporte técnico, orientado a precisar el alcance de la futura norma y prevenir situaciones que puedan generar efectos no deseados.
“El objetivo es responder al damnificado que de verdad es damnificado, sin causar daño al que de verdad necesita cobrar lo que se le debe”, expresó.
Asimismo, sostuvo que “una redacción demasiado amplia podría habilitar fraudes procesales y comprometer la seguridad jurídica, por lo que se propone acotar el alcance de la medida a los casos directamente relacionados con esta problemática”.
La propuesta será remitida a la Cámara de Diputados para su consideración durante el proceso legislativo, en el marco de una cooperación institucional orientada a proteger derechos fundamentales y reforzar la legalidad de las decisiones judiciales.
La Corte Suprema de Justicia reafirma su compromiso con la protección de derechos fundamentales, la legalidad institucional, la transparencia y la preservación de los mecanismos legítimos de cobro, promoviendo soluciones normativas que brinden respuestas concretas a la ciudadanía sin comprometer la seguridad jurídica ni el equilibrio financiero del país.
