La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió declarar admisible y hacer lugar al recurso extraordinario de casación planteado por el Ministerio Público en la causa seguida a Hernán David Rivas Román.

Mediante el Auto Interlocutorio N.º 133, de fecha 7 de mayo de 2026, la Sala Penal anuló los Autos Interlocutorios N.º 102 y N.º 107, ambos del 30 de marzo de 2026, dictados por el Tribunal de Apelación en lo Penal, Segunda Sala de la Capital.

Las resoluciones anuladas, dictadas en la causa seguida a Hernán David Rivas Román, habían confirmado la declaración de prescripción y dispuesto el sobreseimiento definitivo.

Asimismo, la Sala Penal resolvió revocar los puntos 1, 2 y 3 del Auto Interlocutorio N.º 850, de fecha 10 de octubre de 2025, dictado por el Juzgado Penal de Garantías de la Capital, y confirmó los demás puntos de dicha resolución, entre ellos la apertura a juicio oral y público en relación con el hecho punible de uso de documentos públicos de contenido falso, incorporándose la calificación del hecho punible de producción mediata de documento público de contenido falso, conforme a los términos establecidos en el fallo.

La Sala Penal dispuso igualmente la remisión de la causa al Juzgado Penal de Garantías para los trámites correspondientes de derivación al Tribunal de Sentencia competente.

En los fundamentos del fallo, la Sala Penal analizó aspectos relacionados con la prescripción, el alcance de los hechos contenidos en la acusación fiscal y la autonomía jurídica de los tipos penales vinculados a documentos públicos de contenido falso respecto de otros delitos documentales.

La resolución señala que el análisis realizado por el Tribunal de Apelación sobre la prescripción y el alcance de los hechos investigados no se ajustaba a las circunstancias fácticas contenidas en la acusación presentada por el Ministerio Público.

La decisión se circunscribe al análisis jurídico y procesal de las resoluciones recurridas y no implica condena ni pronunciamiento sobre responsabilidad penal en la causa.

La resolución fue suscripta por los ministros Luis María Benítez Riera y Carolina Llanes, con integración del abogado Arnaldo Fleitas Ortiz.

Se adjunta copia íntegra de la resolución dictada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.