La directora de Estadísticas Judiciales informó que, desde el año 2017 hasta abril de 2026, se registraron 227 causas de feminicidio y 284 por tentativa de feminicidio en las distintas circunscripciones judiciales del país. Asimismo, señaló que la mayor concentración de casos se encuentra en Central y Alto Paraná.

Igualmente, explicó que el 57% de los hechos fueron cometidos por la pareja actual de la víctima, el 22% por exparejas y el 21% restante por otras personas vinculadas a la víctima tras la ruptura de la relación. En cuanto al modus operandi, indicó que predominan los casos cometidos con armas blancas y armas de fuego.

Respecto a las sentencias condenatorias, señaló que desde el año 2018 hasta abril de 2026 fueron dictadas 93 condenas por feminicidio y 54 por tentativa de feminicidio, con una pena promedio de 28 años de privación de libertad. Añadió que el año 2020 registró un incremento significativo de casos, hecho asociado al contexto de la emergencia sanitaria.

Por su parte, la directora de la Secretaría de Género destacó la importancia de la Ley Nº 5777/16 “De Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de Violencia”, señalando que su entrada en vigencia representó un cambio de paradigma en el abordaje jurídico del feminicidio.

Asimismo, resaltó el Acuerdo y Sentencia Nº 853/2021 de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, con voto de la ministra María Carolina Llanes Ocampos, como un respaldo jurídico para la interpretación del tipo penal de feminicidio, al incorporar criterios con perspectiva de género y análisis de contextos de violencia, desigualdad y relaciones de poder.

También explicó que la Corte Suprema de Justicia impulsa políticas institucionales orientadas a la sensibilización, capacitación y fortalecimiento de capacidades de la magistratura y el funcionariado judicial mediante diplomados y procesos de formación con perspectiva de género y derechos humanos. 

Estas iniciativas cuentan con financiamiento de la cooperación internacional, como el proyecto “Mujeres en la Justicia”, desarrollado con apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre máxima instancia judicial y el Centro de Estudios Judiciales (CEJ). En el marco de este proyecto se trabaja en la desconcentración de la Secretaría de Género en las circunscripciones de Central, Paraguarí, Alto Paraná e Itapúa.

Igualmente, remarcó la necesidad de un abordaje interinstitucional y multidisciplinario para la prevención de la violencia, destacando el trabajo conjunto con el Ministerio de la Mujer, el Instituto Nacional de Estadística y organismos de cooperación internacional, en proyectos orientados a la descentralización territorial y al fortalecimiento del acceso a la justicia.

En ese contexto, se trabaja de manera articulada en acciones de sensibilización mediante el programa Ciudad Mujer Móvil, colaborando en tareas de prevención junto con las instituciones involucradas. Estas acciones forman parte de una política implementada en distintos territorios del país.

La doctora López Safi señaló además que la Corte Suprema de Justicia viene desarrollando herramientas de monitoreo de resoluciones judiciales con perspectiva de género, así como indicadores especializados que permiten identificar situaciones de riesgo y fortalecer la prevención de hechos de violencia extrema contra las mujeres.

Finalmente, destacó la relevancia de la prevención y del trabajo con niños, niñas y adolescentes en la identificación de los distintos tipos de violencia, recordando que en muchos casos estas situaciones tienden a repetirse.