En el marco del plan de mejoramiento institucional, la evaluación in situ permite identificar las necesidades de cada dependencia, retirar y gestionar la baja de mobiliarios en desuso, así como optimizar el aprovechamiento del espacio físico.

Asimismo, mediante el trabajo coordinado entre las distintas dependencias se busca agilizar los procesos de inventario, descarte y reposición de insumos, con el propósito de contribuir al mejoramiento de las condiciones laborales de los funcionarios y de la atención brindada a los usuarios del sistema de justicia.

El abogado Fernando Insaurralde explicó que “pudimos verificar la situación de cada juzgado y relevar, en particular, las necesidades que aún presentan. Muchas de ellas ya fueron cubiertas a lo largo de este tiempo. En cuanto a la documentación, la gran mayoría de los juzgados ya remitió sus expedientes al Archivo General de los Tribunales o a la Dirección de Derecho Ambiental para su reciclaje”.

La actividad contó con el apoyo de la Dirección de Infraestructura Física, la Dirección Contable y Patrimonial, el Departamento de Suministro y Bienes, el Archivo General de los Tribunales y la Dirección de Derecho Ambiental de la Corte Suprema de Justicia, dependencias que acompañan técnicamente el proceso de evaluación.