La jornada se desarrolló en los núcleos 1, 2, 3, 4 y 5 del asentamiento ubicado en Santa Rosa del Aguaray, con la participación de la magistrada Claudia Miranda, miembro enlace del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales de la Circunscripción Judicial de San Pedro; el director del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, abogado Pedro Fernández; y el juez de paz, abogado José Lezcano.

Durante la asamblea, en la que participaron más de 90 personas, se explicó a los pobladores el alcance y la importancia del servicio de facilitadores judiciales, especialmente en la orientación a la ciudadanía, la mediación comunitaria y la búsqueda de soluciones pacíficas a conflictos que, cuando la ley lo permite, pueden ser abordados en la propia comunidad sin necesidad de recurrir inicialmente a los tribunales.

En la ocasión, la magistrada Miranda destacó la utilidad del servicio para las comunidades, señalando que permite abordar conflictos menores y contribuye a descongestionar la labor de los juzgados. A su vez, el director del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, abogado Pedro Fernández, resaltó que la mediación comunitaria constituye uno de los principales ejes del servicio, promoviendo el diálogo, la persuasión y la convivencia pacífica.

Asimismo, destacaron que la labor de los facilitadores judiciales no se limita a contribuir en la solución pacífica de conflictos mediante el diálogo y la mediación comunitaria, sino que comprende también una importante función de información y orientación para facilitar el acceso de los integrantes de sus comunidades a los servicios de las distintas instituciones públicas.

Los facilitadores judiciales pueden orientar a las personas que necesiten realizar trámites administrativos, tales como gestiones relacionadas con marcas y señales de ganado, obtención de cedula de identidad para menores de edad y adultos mayores que nunca la tuvieron, así como otros servicios a los que la población necesite acceder. También cumplen una importante función de orientación, brindando información sobre trámites administrativos y servicios a los que los pobladores necesitan acceder.

Durante el encuentro también fueron instruidos en los requisitos y cualidades necesarios para ejercer esta función voluntaria, entre ellos ser mayor de edad, saber leer y escribir, no contar con antecedentes judiciales y demostrar condiciones de prudencia, solidaridad, capacidad de conciliación y confidencialidad.

Asimismo, sin constituir un requisito excluyente para la elección, se recomendó valorar que las personas propuestas como facilitadores judiciales posean conocimientos básicos en el manejo de teléfonos inteligentes y herramientas digitales, considerando que numerosos trámites, consultas y servicios administrativos se realizan actualmente a través de internet y plataformas digitales. Estas herramientas permiten al facilitador acceder a información y brindar una mejor orientación a los integrantes de su comunidad.

Por otra parte, se resaltó la importancia de una amplia participación de los integrantes de la comunidad, considerando que este espacio no solo permite seleccionar democráticamente a quienes ejercerán la función de facilitadores judiciales, sino también que los pobladores conozcan el alcance del servicio, sus beneficios y la manera en que puede resultar útil para atender las necesidades de su propia comunidad.

La participación comunitaria constituye, además, un importante mecanismo de seguimiento y control social del servicio. Si bien el juez de paz acompaña y supervisa la labor de los facilitadores judiciales, la propia comunidad, como destinataria directa del servicio, puede observar su desempeño y comunicar al juzgado de paz aquellas situaciones en las que el facilitador no cumpla adecuadamente las funciones asumidas.

Tras las explicaciones, los integrantes de la comunidad manifestaron su voluntad de contar con facilitadores judiciales y procedieron a elegir a Miguel Arévalos, Gloria Ortiz, María Acosta, Ramona Rivas y Ramona Dávalos. Posteriormente, los cinco nuevos facilitadores prestaron juramento ante el juez de Paz, abogado José Lezcano, formalizando así su incorporación al servicio.