La actividad estuvo encabezada por el magistrado Juan Bautista Silva Ucedo, acompañado por la actuaria judicial Rosalba Cristaldo y funcionarios de apoyo. También participaron el director del establecimiento, Marcelo Flecha, responsables del área judicial y de los programas de reinserción social.

En ese contexto, se revisaron las causas de las PPL a fin de verificar el cumplimiento de los trámites previstos en la normativa para el acceso a beneficios penitenciarios. Asimismo, se recepcionaron y analizaron solicitudes vinculadas a distintos institutos, entre ellos la redención de la pena por trabajo o estudio y el régimen de salidas transitorias, además de otros pedidos relacionados con su situación jurídica.

Igualmente, se realizaron entrevistas a personas privadas de libertad en carácter de prevenidas y se verificaron las condiciones de habitabilidad, la provisión de asistencia médica y alimentaria y el estado general de la infraestructura, conforme a los estándares establecidos en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas de Mandela).

Este tipo de controles forma parte de las funciones de seguimiento de la ejecución penal y contribuye a la aplicación de las disposiciones legales relativas al cumplimiento de las penas, la prisión preventiva y la reinserción social.