La Escuela Patricio Vargas Stark, ubicada en la compañía Arazapé, distrito de San Miguel, Misiones, fue la sede de una de las asambleas realizadas. En la apertura de la actividad, el director operativo del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, abogado Jorge Delgado, enfatizó la importancia del rol que cumplen los líderes comunitarios como promotores esenciales de acuerdos pacíficos dentro de sus propios entornos sociales.

Asimismo, detalló los requisitos indispensables para desempeñarse como facilitadores judiciales. Entre ellos, ser mayor de edad, gozar de reconocida honorabilidad, mantener la confidencialidad en el ejercicio de sus funciones y no contar con antecedentes judiciales, entre otros criterios de selección.

Posteriormente, la comunidad expresó unánimemente su deseo de contar con sus propios representantes. Tras el proceso de votación, fueron designadas formalmente las señoras Evelin Núñez, Liz Galeano, Camila Correa, Ana María Almada y Gloria Esquivel. Luego las mismas prestaron juramento ante la jueza de Paz de San Miguel, abogada Mirian Jacquet.

En continuidad con las actividades y también con la presencia del abogado Jorge Delgado, se llevó a cabo otro encuentro comunitario en la capilla San Roque, compañía Mburicareta, en la localidad de San Juan Bautista, Misiones. En esta oportunidad, se destacó que los facilitadores actúan como un puente entre el Poder Judicial y la ciudadanía.

Durante la jornada, la comunidad eligió a Aníbal Rodas, Mariela Amarilla y Zunilda Amarilla como nuevos facilitadores judiciales, quienes prestaron juramento de rigor ante las juezas de Paz de San Juan Bautista, Abg. Eugenia Alegre y Abg. María Victoria Franco. Asimismo, el acto contó con la presencia del funcionario operativo del departamento, abogado Carlos Pereira, quien acompañó las actividades realizadas en el marco del fortalecimiento del servicio de facilitación judicial en las comunidades.

El Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales promueve el acceso a la justicia y fortalece el vínculo entre el Poder Judicial y la ciudadanía, mediante la participación de referentes comunitarios que colaboran en la orientación y prevención de conflictos, contribuyendo a una convivencia pacífica.