En la fecha se realizó un panel debate para realizar un análisis general respecto a la factibilidad de establecer medidas cautelares sobre los bienes de propiedad del Estado, y en particular, de la Ley N° 1.493/2000 que Modifica el Código Procesal Civil, y que dispone la inembargabilidad de los bienes del Estado, discutiendo los alcances de la referida normativa, particularmente en relación a los reclamos de orden salarial que pudieran existir en contra de las instituciones estatales, considerados y en su carácter de empleador.

El mismo estuvo organizado por la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, y contó con el apoyo del Círculo de Periodistas Judiciales del Paraguay, la Asociación de Abogados Laboralistas y el Colegio de Abogados.

El ministro de la Corte Suprema de Justicia Sindulfo Blanco presentó una ponencia sobre el tema. Igualmente, fueron disertantes los doctores Roberto Inglés y Carlos González Alfonso; y la camarista Myriam Peña.

Los disertantes coincidieron en que la Ley N° 1.493/2000 debe ser derogada, pues es prácticamente inaplicable en el fuero laboral. Precisamente, el doctor Inglés manifestó que “favorece la impunidad del Estado ante sus responsabilidades sociales”, mientras que la doctora Peña explicó que esta ley autoriza al Estado para no cumplir inmediatamente sentencias judiciales, entrando en conflicto con las disposiciones del Código del Trabajo que protegen los derechos del trabajador.

Es importante resaltar que lo recaudado será donando al hogar de niños de la Asociación “Mitá Raity”. El mismo es una ONG que esta trabajando en una de las zonas urbanas más pobres del país, como la Chacarita.

La opinión del ministro Sindulfo Blanco

El doctor Blanco, en su momento promotor de la sanción de le referida ley, recordó que en el año 2000, un abogado había ganado un millonario juicio contra el BCP, y que como primera medida solicitó el embargo del edificio de dicha institución, situación que generó una masiva crítica por la benevolencia de la ley.

Agregó que el Estado debería tener un trato diferenciador, pues su principal interés radica en el bien común por sobre el de los particulares. “Imagínense que se deba indemnizar a un funcionario de un hospital, y que para cumplir dicha deuda se deba rematar el edificio. ¿Les parece justo que se deba priorizar al particular por sobre el interés general?” manifestó.