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27 DE MARZO DE 2008

LA DECISION DEL JUEZ SE CONOCERÁ EL MIERCOLES PROXIMO

Comisario Sosa pide nulidad de la acusación en su contra en la audiencia preliminar

El comisario Néstor Sosa ex jefe del Departamento de Homicidios de la Policía Nacional, acusado por tráfico de influencia, solicitó que se decrete la nulidad de las actuaciones y se archive la causa por haberse procedido a grabaciones, sin existir orden judicial. Esto se dio ante el juez Julián López quien realizó ayer la audiencia preliminar solicitada. Por su parte el fiscal de la causa Martín Cabrera se ratificó en el pedido de juicio oral y público. Finalizada la audiencia, el magistrado informó que dará a conocer su decisión el próximo miércoles.

En la mañana de ayer en el despacho del juez Julián López se llevó a cabo la audiencia preliminar solicitada por la defensa del comisario Néstor Sosa, quien es el ex jefe del Departamento de Homicidios de la Policía Nacional acusado por trafico de influencias.

                                            

La defensa de Sosa, a cargo de los abogados Benigno Rojas Vía y María Carolina Llanes solicita la nulidad de las actuaciones y que se archive la causa, sosteniendo que las actuaciones que derivaron en la aprehensión y posterior procesamiento de Sosa son nulas, ya que la grabación que dio origen al proceso se realizó sin orden judicial.

 

Por su parte, el  fiscal de la causa Martín Cabrera, señaló que todo el proceso de investigación se realizó con observación fiscal y judicial. Asimismo, señalo que "existen suficientes elementos como para que el caso sea debatido ante un Tribunal de Sentencia y demostrar con pruebas los hechos por el que se acusa".

 

Finalizada, la audiencia donde el juez López escuchó los argumentos de  ambas partes.   Se informó que la decisión del magistrado sobre si la causa  si se eleva o no a juicio oral se dará a conocer el miércoles próximo.

 

Sosa fue detenido en el microcentro el 28 de agosto del 2007, tras recibir una coima de Ignacio Rojas. La denuncia revela que el jefe policial exigió 10 millones de guaraníes y una camioneta para “solucionar” un proceso que tenía por contrabando, a cargo del fiscal Ferreira.

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