El acto de apertura estuvo a cargo de la doctora Vivian López Núñez, jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Capital y miembro de la Comisión Ejecutiva del gremio de jueces, quien dirigió la presentación protocolar de los expositores. Asimismo, valoró el desarrollo de estos talleres con relación a la información pública, los cuales se han llevado a cabo en algunas circunscripciones judiciales del país.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Jueces del Paraguay (AJP), el doctor Delio Vera Navarro, resaltó la importancia del rol de la justicia en el derecho de acceso a la información pública, ya que se constituye en un instrumento esencial en los asuntos de interés del ciudadano. De esta manera, dar respuesta sobre el desempeño de la administración de justicia y fomentar la confianza de la ciudadanía de ver en los jueces como garantes de la información pública y la transparencia gubernamental.

En su intervención, la licenciada Elida Dávalos, representante del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), contextualizó acerca del marco legal vigente en Paraguay sobre el derecho de acceso a la información pública. También, apuntó que el proyecto de mejoramiento tiene por objetivo trabajar con el Poder Judicial como órgano garante, en términos pragmáticos.

Posteriormente, el director de Transparencia y Acceso a la Información de la Corte Suprema de Justicia, José María Costa, se refirió a los estándares del sistema interamericano de protección de derechos humanos en materia de libertad de expresión y acceso a la información pública-control de convencionalidad.  

También habló de “La justicia como garante al acceso a la información pública”: una mirada  a las bases normativas y la jurisprudencia en construcción sobre el derecho de AIP en Paraguay, un análisis de la jurisprudencia nacional y un debate sobre casos nacionales, los cuales fueron presentados a los participantes en una mesa de trabajo.

El conversatorio estuvo organizado por la Asociación de Jueces del Paraguay (AJP), el Centro de Defensa del Interés Público, el Instituto de Desarrollo y Economía Ambiental (IDEA), con apoyo de la Unión de Naciones por la Democracia UNDEF.