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Corte Suprema de Justicia

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28 DE MARZO DE 2020

LA JUSTICIA NO PARA

Poder Judicial atiende a través de la Oficina de Atención Permanente

Los jueces brindan atención prioritaria para resolver las medidas cautelares de las personas detenidas que cuentan con algún tipo de proceso penal, así como dispone la Ley, en tal sentido, la Oficina de Atención Permanente de la Capital, ha llevado a cabo diversas audiencias de imposición de medidas.

 

La magistrada Rosarito Montanía quien estuvo de turno con la actuaria Kathia Kohn mencionó que la mayoría de las causas recibidas fueron por incumplir la cuarentena sanitaria (Ley 716) dispuesta por el Gobierno Nacional y figura entre los principales delitos denunciados, además de otros hechos punibles como resistencia, hurto agravado, usurpación de funciones públicas y violación de la ley de drogas.

La Oficina de Atención Permanente es la cara visible del Poder Judicial ya que funciona las 24 horas del día con los respectivos jueces, actuarios y otros funcionarios de turno que conforman dicha Oficina, en donde se resuelven garantías constitucionales, medidas cautelares del fuero penal ordinario y del fuero Penal Adolescente, pedidos de allanamientos, como también se encargan de los requerimientos de las Unidades Especializadas en Narcotráfico, Corrupción pública y Antisecuestro.

Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia, los actuarios de la Oficina se encargan de recepcionar todos los escritos referentes a casos civiles y laborales que posteriormente, son remitidos a los respectivos juzgados.

Es importante destacar que las diligencias se realizan con la menor cantidad de funcionarios, para evitar la aglomeración de personas, en cumplimiento a las recomendaciones sanitarias.

Se destaca la labor importante que cumplen los magistrados y funcionarios, ya que también exponen su salud y la de sus familiares para cumplir con sus funciones, a fin de que la ciudadanía no se sienta desprotegida ante las personas que violan las disposiciones legales y por sobre todo, a fin de garantizar los derechos procesales de todas aquellas personas privadas de su libertad.

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