Cinco años de pena privativa de libertad para el sacerdote salesiano José Antonio Rubio y para Sócrates Garcete, es el  pedido de la fiscala Victoria Acuña ante el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Vìctor Medina, Blanca Gorostiaga y Elsa García.

Asimismo, solicitó una pena de 4 años de prisión para el ingeniero Jorge Marín Postigo y dos años y seis meses para las arquitectas Elisa Vera, Mirna Ayala y Rocío Mendoza. El delito es por “lesión de confianza” y “estafa”. El abogado querellante, Víctor Dante Gulino, en representación de la Unión Europea, pidió las mismas penas que el Ministerio Público.

El caso refiere a la supuesta sobrefacturación de 600 millones de guaraníes en la construcción de nueve pozos artesianos del Proyecto Ysakã, proveniente de una donación realizada por la UE.

El juicio se reinicia el lunes 10 de noviembre, con la presentación de alegatos finales de las defensas.