Tras una investigación realizada por el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia y previo análisis de la Superintendencia General de Justicia, el mencionado consejo determinó que los jueces Germán Torres, Blas Cabriza y Bibiana Benítez, miembros del Tribunal de Sentencia que entendió en el caso Ycuá Bolaños no cometieron ninguna irregularidad que ameriten la instrucción de un sumario y ordenó que se archive el caso. 

La situación se refiere al destino de los 900.000 dólares, producto de la venta de un inmueble, propiedad de Juan Pío Paiva y cuyo monto debió utilizarse para el resarcimiento de las victimas del siniestro. En ese sentido, se concluye que los magistrados no se pueden responsabilizar del destino del dinero, ya que el caso fue a parar en el Fuero Civil y que la investigación del mismo esta en manos de la Fiscalía.

Asimismo, la Dirección de la Auditoria de Gestión recomendó entregar copia del informe a los denunciantes para lo que hubiere lugar y estar a las resultas de la investigación penal a fin de determinar la responsabilidad y el destino final de los 900.000 dólares.

Antecedentes

La investigación se inició a raíz de la denuncia formulada por las victimas y familiares sobre el destino final que se le dio a los 900.000 dólares productos de la venta de inmuebles pertenecientes a Juan Pio Paiva en la causa “Juan Pío Paiva y otros sobre homicidio  doloso, lesión grave, exposición de personas a lugares de trabajo peligroso”.

En el documento, los denunciantes manifestaron que los jueces, miembros del Tribunal de Sentencia, en el marco del juicio oral realizado en la mencionada causa dieron lugar a incidentes de levantamiento de medidas restrictivas, posibilitando la venta de los bienes en cuestión a la firma PETY SA.

Supuestamente la transacción y transferencia se suscribió por un millón ochenta mil dólares, que de acuerdo a las constancias obrantes, debieron ser destinados al resarcimiento de víctimas mediante un acuerdo individual gestionado por el vendedor en los juicios de indemnización de daños y  perjuicios promovidos en el fuero civil. Aclara, asimismo, que del monto total de la transacción, 900.000 dólares serían utilizados para cubrir el monto de los embargos decretados, mientras que los 188.000 dólares de remanentes serían depositados en la cuenta judicial abierta en la presente causa penal, a nombre del juicio y a la orden del Tribunal de Sentencia.

Sin embargo, según el documento dado a conocer por los auditores, los miembros del Tribunal de Sentencia argumentaron en su momento que el colegiado solo estaba en condición de decir que el dinero fue a parar en las causas tramitadas ante el fuero civil y que a partir de allí  desconocía totalmente la disposición emanadas del Juzgado en lo Civil y Comercial competente.

Asimismo, trae a colación lo manifestado ante los juzgados por la Directora de los Registros Públicos, Lourdes González, sobre la posible comisión de hecho punible de producción de documentos públicos de contenido falso cometida mediante oficios judiciales, y que ordenaba el levantamiento del embargo de las fincas pertenecientes a Paiva.

Sobre el caso, se señala que los auditores se constituyeron en sede de los juzgados para realizar un seguimiento de los juicios tramitados en el fuero civil y específicamente aquellos afectados por la falsificación de oficios judiciales, determinándose que en los expedientes en cuestión se presentaron acuerdos extrajudiciales, y que en algunos casos, los demandantes firmaron recibos en blanco a la parte demandada, aclarando a la vez que la denuncia  en cuestión actualmente es investigada por la fiscalía.

Los auditores concluyen, finalmente que del remanente de la venta que suma un total de 900.000 dólares, solo se pudo determinar el destino de unos 178 millones de guaraníes, utilizados para el pago a los accionantes en los diferentes juicios, no pudiendo determinarse el destino del monto restante, ni mucho menos acceder a constancia alguna que demuestre que dicho remanente fue destinado para el pago a otras víctimas del siniestro, estando pendiente una investigación penal a cargo del Ministerio Público.