En sesión plenaria celebrada este miércoles, 7 de mayo de 2025, la Corte Suprema de Justicia aprobó la Resolución Nº 12.001, mediante la cual se ratificó la Resolución S2 Nº 87 del Consejo de Superintendencia, que establece las Políticas de Racionalización del Gasto de aplicación obligatoria para el Ejercicio Fiscal 2025.

La medida se dio en el marco de las atribuciones conferidas por el artículo 39, inciso b) de la Ley Nº 609/95 “Que organiza la Corte Suprema de Justicia”, que faculta al máximo tribunal a establecer disposiciones administrativas para el mejor funcionamiento del sistema de justicia.

Estas políticas están orientadas a garantizar la optimización, austeridad, economicidad y disciplina en la utilización de los créditos presupuestarios aprobados, y deberán ser implementadas por todas las dependencias de la Administración Central y de las Circunscripciones Judiciales Descentralizadas.

Asimismo, las disposiciones se estructuran por grupo de gasto e incluyen acciones específicas que apuntan a la eficiencia institucional.

Entre las principales medidas se encuentran; la restricción en la asignación de horas extraordinarias, bonificaciones y subsidios; suspensión de ciertos beneficios al personal comisionado; contrataciones nuevas solo en casos estrictamente necesarios y previa disponibilidad presupuestaria.

Además de la implementación de medidas de ahorro en electricidad, agua y comunicaciones; fomento del uso de plataformas electrónicas para reuniones y trámites internos; asignación restringida de pasajes y viáticos, especialmente para misiones internacionales.

En cuanto a bienes y consumos se establece un límite en la provisión de insumos de oficina con base en los niveles de consumo del año 2024; la promoción activa del expediente electrónico y la reducción del uso de papel.

En lo que respecta a inversión física; prioridad a la compra de tecnología para la expansión del expediente judicial electrónico y restricciones en la renovación de mobiliario o parque automotor, salvo excepciones justificadas.

Asimismo no se contemplarán ayudas económicas ni becas para funcionarios en el presente ejercicio fiscal, excepto en casos autorizados expresamente.

La Dirección General de Auditoría Interna será la encargada del control de cumplimiento de estas disposiciones, en conjunto con otras dependencias responsables de las áreas administrativa y financiera. Las excepciones y situaciones no previstas serán evaluadas y resueltas por el Consejo de Superintendencia o el Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

Estas acciones reflejan el compromiso institucional con una gestión transparente y eficaz de los recursos públicos, garantizando la sostenibilidad financiera del Poder Judicial y su capacidad para brindar servicios de calidad en todo el país.

El texto completo de la resolución se encuentra disponible para consulta pública en el siguiente enlace.