Esperando el inicio de la segunda etapa del Programa Umbral, la Corte Suprema de Justicia encara las actividades con el fin de ir mejorando aun más el servicio de administración de justicia.

En ese sentido, el Instituto de Estudios para la Consolidación del Estado de Derecho (ICED) con fondos de la Agencia de Gobierno de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) realiza un seguimiento y asistencia técnica a las diferentes oficinas que formaron parte del Programa Umbral, en su primera etapa, como la Oficina Disciplinaria, la Dirección General de Auditoría de Gestión Judicial y a la Oficina de Quejas y Denuncias.

“La idea es seguir apoyando la tarea que vienen realizando estas oficinas hasta el inicio de la segunda fase del programa umbral. Según tenemos entendido el Programa Umbral 2 va a abarcar otras áreas, específicamente el Tribunal de Cuentas, porque es la siguiente etapa en lo que hace al control disciplinario, teniendo en cuenta que las resoluciones del Consejo de Superintendencia pueden ser recurridas al Tribunal de Cuentas, entonces la idea es apoyar estas oficinas y también brindar apoyo a las oficinas con las que ya se trabajó en el programa umbral 1”, indicó Roberto Úbeda Szarán, Presidente Ejecutivo del ICED.

Recalcó que lo que se busca es mejorar el servicio de administración de justicia, reducir los niveles de corrupción y de morosidad judicial, además de realizar controles a través de la Oficina de la Dirección General de Auditoria de Gestión Judicial, sobre todo a los órganos jurisdiccionales como juzgados y tribunales de manera a tratar de identificar las falencias en el servicio de justicia y recomendar a la Corte Suprema los ajustes que se deben realizar para mejorar el servicio y acceso a la justicia.

“En algunos casos los inconvenientes que puedan detectarse se deben al incumplimiento de las funciones de los funcionarios judiciales o los magistrados, en este sentido, los casos son derivados a la Oficina Disciplinaria para que los responsables puedan ser sancionados. En otros casos, pueden deberse a problemas estructurales, como  a la falta de presupuesto, mala distribución del trabajo, la falta de recursos humanos o de materiales y cuando eso ocurre tambien se recomienda a la Corte las medidas que deben adoptarse para  mejorar el servicio”, señaló Úbeda.