La jueza de la Niñez y la Adolescencia, María Rosa de Fernández salió al paso de las afirmaciones del secretario general del Ministerio de Justicia y Trabajo, Néstor Stellato Mojoli, quien anunció que desacatará la orden emanada del juzgado de reponer en sus lugares de trabajo a los ocho funcionarios de la cartera de Estado despedidos días pasados, pero que mediante un amparo lograron que la jueza les diera una sentencia favorable.

Según Mojoli, asumirán la responsabilidad civil y penal y que no devolverán las pruebas, que se encuentran en poder del Ministerio, de las irregularidades cometidas en diferentes oficinas del Registro Civil, por considerar que la orden esta totalmente excepta de lógica jurídica.

En ese sentido, la magistrada señaló que la sentencia debe ser respetada y cumplida y que no hay mucho que discutir al respecto. “La sentencia debe ser cumplida, para eso esta el amparo. Una parte del Código Procesal dice que las sentencias cuando recaen de manera positiva deben ser cumplidas y al ser apeladas se conceden sin efecto suspensivo, razón por la cual se concedió en ese contexto”, afirmó la jueza Fernández.

En cuanto a lo manifestado, igualmente por Stellato Mojoli de que los despedidos esperaron el turno de la jueza del Juzgado de la Niñez y la Adolescencia para presentar el amparo como parte de una de las chicanas que normalmente se utilizan en el Poder Judicial, Fernández indicó que se respetaron todos los trámites normales que establece el Código Procesal Civil y que no hubo ninguna politización ni mucho menos presión de partidos políticos para expedirse favorablemente. 

 “Soy factible de cualquier error, pero no por ello voy a ser una corrupta ni voy a ser una sinvergüenza, ni una manejada, ni voy a ser una persona que tenga que irme necesariamente al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, eso dirán mis superiores, sea la Cámara y la Corte”, sostuvo la jueza Fernández.  

Finalmente, explicó que los amparos y garantías que entran por Mesa de Garantías constitucionales son sorteados para determinar el juez que entenderá en el proceso y que en este caso específico resultó sorteado el magistrado Carlos Ortíz Barrios, pero que por exceso de trabajo, ya que tenía a su cargo varios juicios orales dijo no poder entender volviendo a la Mesa de Garantías, saliendo sorteado posteriormente el juzgado a su cargo. 

Por otro lado, cabe destacar que la Procuraduría General de la República, también planteó en la fecha una acción de inconstitucionalidad contra la resolución de la jueza y solicitó la anulación de la misma y su consecuente inaplicabilidad por violarse el principio de legalidad de los actos administrativos, ya que, según el argumento, genera una intromisión institucional de la jurisdicción en una decisión del Poder Ejecutivo en ejercicio de sus funciones, propiciando además el quiebre del equilibrio de poderes.