La carta remitida la semana pasada por la Presidencia de la República al titular de la Corte Suprema de Justicia, doctor Antonio Fretes, así como la postura asumida por la Cámara de Senadores solicitando un fallo en el caso Ycuá Bolaños fue rechazada por la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, ya que considera una injerencia de ambos Poderes del Estado en la labor judicial.

Asimismo, los magistrados consideran correcta la respuesta dada por el presidente de la máxima instancia judicial tanto al Congreso como al Poder Ejecutivo.  

En ese sentido, señalan que nada justificará jamás la ingerencia de los actores políticos en la administración de la justicia, cuya actividad es exclusiva y excluyente de los jueces, férreamente resguardada y confinada a su ámbito natural e institucional por la Constitución política del Estado.

“El Paraguay se ha constituido en República y en consecuencia quienes administran el Estado tienen el deber de asumir la división tripartita del Poder. La independencia, el equilibrio, la cooperación y el recíproco control entre los Poderes del Estado es mandato constitucional. Estos principios republicanos elementales deben observar los dignatarios de todos los Poderes para mantener en pie el sistema republicano, la institucionalidad y el funcionamiento normal del Estado”, señala el comunicado dirigido a la opinión pública.

En otra parte del comunicado, los magistrados señalan, que la mencionada asociación, que no solo aglutina a jueces, sino también a fiscales, defensores públicos y síndicos, lamenta lo ocurrido y asume su compromiso en la defensa de de la independencia del Poder Judicial, del sistema republicano y de las instituciones democráticas.

Antes esta situación, el gremio insta a todos sus asociados a cumplir con sus deberes con apego irrestricto a la ley y con la mayor eficiencia posible y con la dignidad que deben ostentar los administradores de justicia, pero a la vez les insta igualmente a mantenerse al margen de las actividades de otros Poderes, a preservar cada uno su independencia personal y a  mantenerse alertas ante toda clase de ingerencia ilegítima en el quehacer de la justicia.