En primer lugar, mencionó que los 23 países que componen la región iberoamericana han cooperado activamente en este proyecto, y señaló que los delitos transnacionales están ganando espacio, lo que motiva a cada país a compartir su conocimiento, tecnología y modo de trabajo.

Destacó el esfuerzo que viene realizando la Cumbre Judicial para encarar el tema con seriedad, especialmente en los últimos años, fortaleciendo un componente esencial: la cooperación internacional.

Asimismo, puntualizó que se intercambiaron experiencias ante la necesidad de implementar guías y manuales a nivel iberoamericano, reconociendo que cada país tiene su propia manera de enfrentar estos desafíos. En ese sentido, recordó el Protocolo Iberoamericano de Cooperación Internacional, aprobado durante la Asamblea realizada en 2016 en Asunción.

Otro punto abordado fue el antecedente inmediato de la instalación del ciclo político de justicia compartido entre América Latina y la Unión Europea en 2022. Este mecanismo busca establecer políticas de justicia orientadas a generar estándares jurídicos comunes y desarrollar herramientas como políticas públicas para la persecución de delitos transnacionales graves. Enfatizó que este tipo de delitos requiere de la cooperación internacional entre todos los países.

Respecto a la Guía Iberoamericana sobre Gestión Penal para Delitos de Alta Complejidad, señaló que surge con el objetivo de aprovechar los avances tecnológicos, promoviendo el intercambio de experiencias entre países, magistraturas, agentes fiscales y redes de cooperación constituidas en el marco de la Cumbre.

En relación a su contenido, destacó que la guía ofrece un catálogo de buenas prácticas que abarca todas las fases del procedimiento penal. Desde la organización material de la causa –que incluye la elaboración de un plan inicial que contemple necesidades funcionales, de personal y materiales– hasta la culminación del proceso, abarcando la etapa preparatoria, la intermedia y el juicio oral y público. También enfatizó aspectos como la investigación, la cooperación internacional, el fortalecimiento institucional y la designación de personal capacitado.

En cuanto a los hallazgos, uno de los aspectos destacados fue la necesidad de establecer una definición única sobre delitos de alta complejidad, teniendo en cuenta que esta puede variar entre países. En ese contexto, se refirió particularmente al tema de la extradición y a la elaboración de un catálogo común de hechos punibles, delitos y crímenes que deben incluirse bajo esa definición.

Respecto a la protección de jueces y magistrados que intervienen en estas causas, expresó la importancia de garantizar su seguridad, considerando incluso la posibilidad de establecer incentivos o remuneraciones adicionales por el nivel de riesgo, así como seguros de vida específicos por la función judicial que desempeñan.

El Poder Judicial del Paraguay ratifica, a través de esta participación, su liderazgo en el diseño de políticas regionales innovadoras para enfrentar los desafíos que plantea la criminalidad transnacional. Una justicia que garantice la dignidad de las personas debe ser inclusiva, eficiente y coordinada.

Para todos los interesados, la Guía Iberoamericana para la Gestión de Causas Complejas está disponible en la página web de la Cumbre Judicial Iberoamericana. https://www.cumbrejudicial.org/node/1576