El documento invita a los poderes judiciales de la región a integrar sus principios y valores en los procesos de planificación y gestión institucional, promoviendo su implementación efectiva. Su finalidad es robustecer el Estado democrático de derecho y construir una justicia que atienda las necesidades reales de la ciudadanía.

Durante el acto de cierre, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, Henry Molina, señaló que uno de los principales logros de esta edición fue justamente la adopción de este instrumento conjunto, que consolida los acuerdos alcanzados y reafirma el compromiso de los países con una justicia moderna, accesible, eficiente y centrada en la dignidad humana.

“El sistema de justicia no puede mantenerse encerrado en sí mismo. Es un pilar esencial de la democracia, y su calidad, cercanía y eficacia dependen en gran medida de nuestra capacidad para colaborar, innovar y actuar con sentido colectivo”, afirmó el magistrado Molina.

El texto fue suscrito por los poderes judiciales de Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico (Estado Libre Asociado), Uruguay, República Dominicana y Venezuela. Todos coincidieron en destacar el papel fundamental de la justicia como herramienta de cambio social y ambiental, espacio de reconciliación y motor para una convivencia sostenible.

El lema de esta XXII edición fue “Justicia al día para garantizar la dignidad de las personas”, con énfasis en tres ejes estratégicos: justicia oportuna, inclusiva y confiable.

Durante tres jornadas, la Cumbre se desarrolló en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, con el propósito de impulsar proyectos y acciones comunes orientadas al fortalecimiento de los poderes judiciales de los países miembros y, por ende, al sistema democrático.

La Cumbre Judicial Iberoamericana es una organización que agrupa a los poderes judiciales de los 23 países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Constituye un espacio de diálogo, cooperación e intercambio de buenas prácticas entre las máximas instancias jurisdiccionales y de gobierno judicial de la región, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio de justicia, facilitar el acceso a los tribunales y fortalecer la confianza pública en las instituciones.

Se adjunta la Declaración de Santo Domingo firmada sobre Justicia, Libertad, Igualdad, Solidaridad y Dignidad en Iberoamérica: