La medida fue adoptada por el Consejo de Superintendencia en ejercicio de sus atribuciones legales de control institucional, conforme a la normativa vigente. La actuación se inscribe en el compromiso permanente del Poder Judicial de resguardar el correcto uso de los recursos públicos y preservar el sentido simbólico, funcional y ético de sus espacios, especialmente ante hechos que generan preocupación en la ciudadanía y en la opinión pública.

En ese marco, el presidente Diesel dio lectura al mensaje institucional emitido ante el Pleno de la Corte, el cual se transcribe a continuación de forma íntegra:

“En fecha 23 de mayo del corriente, el Consejo de Superintendencia resolvió la apertura de una investigación preliminar en relación con una situación de conocimiento público, vinculada al uso de una sala de juicio oral para fines ajenos a su función jurisdiccional.

La medida fue adoptada en fecha indicada más arriba conforme a las atribuciones legales vigentes, en el marco de nuestras funciones de control y supervisión, y será tramitada con pleno respeto a los principios de legalidad, imparcialidad y debido proceso.

Más allá del estado de ocupación física de la sala, es deber institucional resguardar el sentido ético, simbólico y funcional de los espacios del Poder Judicial, que deben ser utilizados exclusivamente en consonancia con su finalidad pública.

Este hecho puntual no constituye una práctica institucional, pero nos interpela como servidores públicos a seguir reforzando los estándares de decoro, el uso responsable de los recursos judiciales y el apego ético al ejercicio profesional.

Esta actuación reafirma el compromiso de esta Corte con la integridad institucional, la transparencia y la observancia de las normas que rigen el ejercicio profesional en sede judicial.”

Cabe señalar que la investigación preliminar constituye una fase administrativa, destinada a esclarecer los hechos con pleno respeto al principio de presunción de inocencia y a las garantías propias del debido proceso.

Con esta actuación, la Corte Suprema de Justicia reafirma su compromiso con la transparencia, la integridad y el respeto a los principios éticos que sustentan el servicio público judicial, en concordancia con los objetivos del Plan Estratégico Institucional 2021–2025.