El objetivo de la reunión fue intercambiar impresiones, presentar los objetivos y resultados esperados del programa, así como recibir recomendaciones orientadas a fortalecer el trabajo iniciado durante la primera edición de EL PAcCTO, en línea con la promoción y consolidación de medidas alternativas a la privación de libertad.

Durante el encuentro, las autoridades judiciales dieron la bienvenida a los representantes internacionales e institucionales, y destacaron que se trata de una labor que viene desarrollándose desde hace tiempo, con diversos ajustes, para asegurar su efectividad y el cumplimiento de los fines de las medidas cautelares previstas.

En entrevista con TV Justicia, el doctor Francisco Lagunas Coca resaltó la importancia de la coordinación interinstitucional para implementar estas medidas. “En la jornada dialogamos sobre las posibilidades de fortalecer las medidas alternativas a la prisión preventiva, así como sobre las ventajas de contar con una visión coordinada e institucional entre todos los actores implicados: la Defensa Pública, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, la Policía Nacional y la Corte Suprema. Todo esto está en consonancia con el acuerdo firmado ayer en la sede del Ministerio de Justicia”, manifestó.

Asimismo, señaló que enfrentar el hacinamiento permitiría avanzar en políticas de seguridad más eficaces y en mejores mecanismos de reinserción para las personas privadas de libertad. Finalmente, agradeció a las máximas autoridades judiciales por la recepción y por la apertura al trabajo conjunto para el fortalecimiento del sistema penal en Paraguay.

Cabe destacar que esta reunión se enmarca en el convenio suscrito entre la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, la Defensa Pública y la Policía Nacional, que establece la conformación del Comité Técnico Interinstitucional (CTI), encargado de coordinar acciones para la aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad en Paraguay.

El objetivo principal de dicho convenio es evaluar las medidas existentes, identificar oportunidades de mejora e impulsar nuevas alternativas que permitan un sistema penal más eficiente y respetuoso de los derechos fundamentales.

Las instituciones involucradas trabajan actualmente en planes orientados a reducir el hacinamiento penitenciario mediante soluciones distintas al proceso penal tradicional o a la aplicación de medidas cautelares privativas de libertad.