El acto de apertura estuvo a cargo de la doctora Llanes, en su carácter de ministra enlace de la OTP y la OTANA, quien agradeció la participación de los presentes y destacó la importancia de avanzar en la correcta interpretación de las normas relativas al incumplimiento del deber legal alimentario, teniendo en cuenta la vulnerabilidad de ambas partes involucradas: los niños, niñas y adolescentes, por un lado, y los justiciables dentro del sistema penal, por el otro. Señaló que estos principios “no son suplantables, no son intercambiables y no existe jerarquía entre uno y otro”, por lo que deben ser considerados en conjunto, escuchando las posturas del Ministerio Público, la Defensa Pública y los magistrados.

Durante la jornada se abordó el análisis del tipo penal de incumplimiento de la prestación legal alimentaria, que actualmente ocupa el segundo lugar en la carga estadística del Poder Judicial. En ese sentido, la secretaria ejecutiva de la OTP, doctora Silvana Raquel Luraghi Sarubbi, señaló que el objetivo del encuentro fue conectar este tipo penal con principios fundamentales como el interés superior del niño, y avanzar en un trabajo articulado con el Ministerio Público y la Defensa Pública.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la OTANA, doctor Guillermo Trovato Fleitas, afirmó que el coloquio representó una oportunidad para consolidar una visión integral y articulada del sistema de justicia, fortaleciendo las acciones en favor de la niñez y la adolescencia y reafirmando el compromiso institucional con la protección de sus derechos fundamentales.

El panel de expositores estuvo conformado por el juez penal de la adolescencia, doctor Ubaldo Matías Garcete Piris; el agente fiscal en lo penal, Giovanni Grissetti; y el defensor público penal, Eleno Quiñónez.

El doctor Garcete Piris abordó la doctrina del precedente, destacando que los jueces construyen el sistema jurídico progresivamente, “piedra por piedra”, como en la edificación de una catedral, utilizando la analogía propuesta por el jurista Ronald Dworkin.

A su turno, el fiscal Giovanni Grissetti presentó estadísticas sobre el tipo penal, indicando que los departamentos de Central y Alto Paraná concentran la mayor cantidad de denuncias por incumplimiento del deber legal alimentario.

Finalmente, el defensor público Eleno Quiñónez recordó que este hecho punible fue incorporado al Código Penal vigente desde 1997, ya que en el anterior solo se preveía la obligación de prestar alimentos en el ámbito civil. Añadió que, en su experiencia, la mayoría de estos casos resultan en fallos desfavorables para los acusados, pero resaltó que los defensores públicos deben asumir con responsabilidad estos desafíos, en resguardo del debido proceso y de los derechos de todas las partes.

La actividad estuvo dirigida a magistrados, funcionarios judiciales, agentes y asistentes fiscales, defensores públicos y funcionarios del Ministerio de la Defensa Pública. El coloquio fue transmitido a través de los canales digitales del Poder Judicial, TV Justicia y la plataforma Cisco Webex, con el objetivo de facilitar el acceso y la participación remota de los interesados.