Al inicio de su presentación, el ministro Ríos explicó que el informe contiene una actualización de los estados procesales al 23 de junio del presente año, detallando que se han verificado 3.943 causas penales, con 6.300 personas procesadas; 1.133 causas permanecen abiertas y 2.810 han sido concluidas.

Los datos sistematizados comprenden el periodo 2019–2024 e incluyen las Circunscripciones Judiciales de Capital, Guairá, Itapúa, Concepción, Amambay, Ñeembucú, Misiones, Paraguarí, Caazapá, San Pedro, Cordillera, Presidente Hayes, Canindeyú, Central, Boquerón y Alto Paraguay.

En cuanto a los hechos investigados, el ministro mencionó que el 50 % corresponde a violaciones de la veda pesquera y de la cuarentena sanitaria; 9 % a incumplimiento de medidas de mitigación; 5 % a tala o quema de bosques; 4 % no especifica el artículo aplicado; y 3 % a hechos vinculados a la protección y el bienestar animal.

Al abordar los estados procesales, el ministro Ríos subrayó que solo el 1 % de las causas concluyen con condena o extinción de la acción penal. “Hay cuestiones llamativas por el bajo porcentaje de condenas, comparado con otros delitos comunes”, señaló.

Asimismo, indicó que el 84 % de las causas fueron abordadas sin criterios ambientales, mientras que solo el 16 % fueron analizadas en base a algún razonamiento en la materia.

Respecto a las reglas de conducta impuestas en las salidas procesales, detalló que el 78 % consisten en donaciones a entidades y hospitales; el 10 % no tiene datos visibles; el 6 % corresponde a la donación de plantines y/o alevines; el 2 % a la compra de servicios ambientales y comunitarios; y apenas el 1 % a acciones de recomposición o confinamiento.

“Es sumamente preocupante porque ante un mandato expreso en materia ambiental hay que repararla. Las donaciones son importantes, pero no van a salvar de una hecatombe ecológica si destruís el medio ambiente. No se puede perder de vista la ordenanza constitucional de la recomposición ambiental”, remarcó el ministro Ríos.

Por su parte, la vicepresidenta primera de la Corte Suprema de Justicia y ministra enlace de la Oficina Técnica Penal (OTP), doctora Carolina Llanes, propuso remitir el documento a la OTP, que mantiene constante comunicación con el Ministerio Público, a fin de empezar a delinear una política criminal respecto al ejercicio de la acción penal en delitos ambientales. “Es oportuno avanzar en la prosecución y contar con una herramienta concreta sobre el tema”, puntualizó.

En la misma línea, el ministro Eugenio Jiménez Rolón valoró la importancia del estudio, señalando que “grafica una problemática ya conocida, pero ahora mejor apreciada con detalles y evidencias. Las salidas procesales no significan medidas de mitigación. Las donaciones, si no están acompañadas de algo concreto que enfrente el problema real, no son suficientes. Debe haber un cambio de criterio en ese sentido”, concluyó.

Acceda al informe en formato PDF.