La presidenta del Consejo de Administración de Central, doctora María Teresa González, señaló que el encuentro fue promovido por la jurisdicción a su cargo con el propósito de definir estrategias efectivas de coordinación con la Policía Nacional, a fin de agilizar la localización y aprehensión de personas prófugas con condenas firmes y ejecutoriadas.

Por su parte, el juez de Ejecución Víctor Benítez Salinas explicó que, para tal efecto, tanto como el juzgado a su cargo como los demás juzgados de Ejecución de Central, elaboraron un informe sobre la cantidad de causas que cuentan con sentencia firme, pero que aún no se ha podido ejecutar.  “El objetivo es facilitar a la Policía Nacional la nómina de personas condenadas para optimizar las tareas de búsqueda y detención”, expresó el magistrado.

Agregó además que los juzgados de Ejecución realizan verificaciones a través de las comisarías de las zonas correspondientes, con el fin de confirmar los domicilios de las personas condenadas y proceder conforme al procedimiento establecido para hacer efectivas las órdenes de captura. Recordó también que, conforme a lo dispuesto en una acordada de la Corte Suprema de Justicia, los jueces de Sentencia, Penal de Garantías y de Ejecución deben renovar las órdenes de captura —nacionales e internacionales— cada seis meses.

Participaron igualmente del encuentro el vicepresidente segundo del Consejo de Administración, camarista Gustavo Bóveda, así como las juezas de Ejecución Penal de Central, abogada Silvia Knoop González (Fernando de la Mora) y María Estela Bareiro (Luque), los jueces penales de Garantías Elsa Idoyaga, Ana Esquivel, Renzo Vera, Juan Recalde y Ronald González.

Acompañaron también miembros del Tribunal de Apelación Dionicio Frutos y Fabriciano Villalba, María Lourdes Cardozo y Alicia Orrego.

En representación de la Policía Nacional asistieron el comisario general inspector Eladio Martínez y el comisario principal MCP Flaminio Quinteros, director de Prevención y Seguridad del Área Central, quienes manifestaron su plena predisposición para colaborar en el cumplimiento de los mandatos judiciales mediante un trabajo conjunto, organizado y coordinado con el Poder Judicial.