Durante su recorrido, el doctor Santander visitó la Oficina de la Sección Informática, a cargo de la ingeniera Cynthia González, donde se presentó un informe sobre los avances en la implementación del Trámite Electrónico y el cronograma de digitalización de los juzgados del departamento.

Posteriormente, se trasladó al Juzgado Penal de Ejecución, a cargo de la abogada Myrian Villamayor Vda. de Adorno, donde observó la puesta a punto del sistema electrónico y los progresos alcanzados por el equipo técnico.

Otra de las actividades incluyó una reunión con el gremio de ganaderos para escuchar sus inquietudes y analizar posibles soluciones a los problemas relacionados con el abigeato en la zona.

Además, el ministro encabezó la instalación de la mesa de atención de consultas sobre causas en trámite ante la Sala Constitucional, acompañado por el abogado Julio Pavón, secretario de la misma. Esta iniciativa busca facilitar el acceso a la información procesal, atender las necesidades de los usuarios y promover mayor cercanía entre la justicia constitucional y la ciudadanía.

La jornada continuó con el acto de juramento de ley a ocho nuevos profesionales del derecho, realizado en la sala de juicios orales del Palacio de Justicia local, con registro ante el abogado Julio Pavón.

Culminó en el Tribunal de Apelación, donde la presidenta del Consejo de Administración, magistrada Rosalinda Guens realizó la primera firma oficial mediante el Trámite Judicial Electrónico, marcando un avance en el proceso de modernización tecnológica del sistema judicial.

Acompañaron al ministro la presidenta del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Paraguarí, magíster Rosalinda Guens, la vicepresidenta del Consejo de Administración, abogada Digna Ocampos, el vicepresidente segundo, abogado Oscar Villalba y la licenciada Rosa Liz Chamorro Ibarrola, directora general de la DGTIC de la Corte Suprema de Justicia, en el marco de las acciones de fortalecimiento tecnológico impulsadas por la institución.

Esta visita reafirma el compromiso institucional con la innovación, la optimización de los procesos judiciales y el objetivo de ofrecer una justicia más ágil, eficiente y cercana a la ciudadanía.