El hecho fue constatado en horas de la mañana del martes 11 de noviembre de 2025, cuando personal asignado al depósito judicial, ubicado en las calles Capitán Manuel Aranda y Gobernador Pedro Melo, detectó una alteración en el mecanismo de cierre del portón principal. La irregularidad fue reportada por la responsable del área administrativa correspondiente, conforme al parte policial N.º 5246/2025 labrado por la Comisaría 2.ª Metropolitana.

De acuerdo con el informe policial, el acceso no presentaba daños visibles desde el exterior; sin embargo, al intentar su apertura con la llave reglamentaria se advirtió que la cerradura había sido manipulada. Una vez dentro del predio, se procedió a la revisión de los elementos allí ubicados, sin constatarse anomalías ni faltantes en el mobiliario, los dispositivos de resguardo o la documentación bajo custodia judicial.

Como parte del protocolo institucional, se solicitó la presencia del Departamento de Criminalística y del Departamento de Investigación de Delitos de la Policía Nacional, que realizaron las primeras diligencias técnicas orientadas a la identificación de indicios materiales de interés para la investigación en curso.

De forma inmediata, se dispusieron medidas complementarias de seguridad física y tecnológica, que incluyeron la reposición de equipos de videovigilancia, la revisión integral del sistema de cerraduras y el fortalecimiento del monitoreo perimetral, conforme a los estándares de protección establecidos para recintos bajo custodia del Poder Judicial.

La Corte Suprema de Justicia reafirma su compromiso con la seguridad documental, la transparencia institucional y la cooperación interinstitucional con los organismos competentes, en cumplimiento de las normas que garantizan la protección del patrimonio judicial y la confianza ciudadana en la administración de justicia.