En el marco de los proyectos del sistema de justicia penal orientados a apoyar la labor de los jueces en la aplicación de la prisión preventiva, la mesa de trabajo permitirá utilizar esta herramienta con base en datos individuales obtenidos a través de la sistematización, mecanismo que dentro de la ley es denominado asesoría de prueba.

Al respecto, la ministra Llanes explicó que, si bien los jueces tienen acceso a antecedentes penales, también requieren informaciones vinculadas, por ejemplo, a personas que se encuentran dentro del régimen penitenciario cumpliendo una condena con salidas transitorias u otra medida dentro de un régimen de probación.

Aclaró que estos datos deben ser considerados para la toma de decisiones, ya sea para mantener medidas alternativas o la libertad ambulatoria, o bien para revocarlas cuando corresponda. Señaló que, en muchos casos, estas informaciones no se encuentran disponibles en el momento en que deben resolverse estos planteamientos, cuyos plazos suelen ser breves.

“La asesoría de prueba tiene que ver con el control y monitoreo de las personas sometidas al sistema penal bajo un régimen de libertad, semilibertad o en cumplimiento de alguna condena”, explicó la ministra enlace, y agregó que se trata de una herramienta prevista en el Código Procesal Penal que aún no ha sido implementada.

Llanes indicó que la finalidad es iniciar, con la estructura orgánica y los recursos humanos disponibles en el Poder Judicial, un plan gradual de implementación de la asesoría de prueba mediante la compilación de información propuesta por el CEJ en el marco de su consultoría.

Asimismo, destacó el apoyo de la Unión Europea para el desarrollo del proyecto, que contempla costos asociados a consultorías y trabajos de investigación.

Participaron de la reunión la coordinadora de la OTP, Silvana Luraghi; la directora ejecutiva del CEJ, María Victoria Rivas; las juezas Sandra Kirchhofer y Rossana Carvallo, así como María José Bazán y Elizabeth Flores, del CEJ.