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04 DE MARZO DE 2026

ELABORADO POR LA OFICINA TÉCNICA DE APOYO AL FUERO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Mesa de trabajo para el estudio del Anteproyecto Código del Proceso Contencioso Administrativo

En la sala de reuniones del 8vo piso del Palacio de Justicia de Asunción, se dio inicio este miércoles 4 de marzo a la mesa de trabajo que estudia el Anteproyecto de Ley que establece el “Código del Proceso Contencioso Administrativo”, elaborado por el miembro del Tribunal de Cuentas, Primera Sala, Doctor Gonzalo Sosa Nicoli. La normativa, presentada por la Oficina Técnica de Apoyo al Fuero Contencioso Administrativo a su cargo, tiene por objetivo diseñar todo el proceso legal para la tramitación de los juicios ante el Tribunal de Cuentas al que acuden las personas en conflictos con la administración pública.

La iniciativa cuenta con el apoyo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia y acompañamiento del presidente de la máxima instancia judicial, Doctor Alberto Martínez Simón.

Durante su intervención, el Doctor Sosa Nicoli explicó que el anteproyecto busca regular de manera sistemática el proceso contencioso administrativo. Señaló que actualmente en este fuero se aplican normativas del año 1935 y disposiciones del Código Procesal Civil, utilizadas como marco de referencia.

Asimismo, indicó que existe la necesidad de codificar el proceso desde la perspectiva del derecho público, considerando que en los conflictos entre la administración pública y los particulares no existe una igualdad de posiciones. En ese sentido, sostuvo que una función del Tribunal de Cuentas, a través de los procesos contencioso administrativos, es garantizar el equilibrio entre las partes por lo que la modernización de las reglas procesales arrojará más transparencia y eficiencia a los procesos, evitando la constante aplicación supletoria del Código del Proceso Civil.

Finalmente, subrayó que el objetivo principal del proyecto de ley es dotar de la mayor previsibilidad y seguridad jurídica posible al proceso, teniendo en cuenta el contexto actual del país y su imagen internacional. Señaló que la existencia de reglas claras puede contribuir a establecer con precisión qué procedimientos se aplicarán, cómo se desarrollarán y en qué plazos, en los casos de conflictos entre particulares y el Estado.

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