La diligencia se desarrolló con la participación de las partes involucradas en los respectivos procesos, técnicos especializados del Laboratorio Díaz Gill, el defensor público interviniente, la actuaria judicial, abogada Viviana Moreno, así como funcionarias del mencionado juzgado, garantizando el cumplimiento de los procedimientos establecidos y el resguardo de los derechos de todas las personas involucradas.

La realización de estas pruebas constituye una herramienta científica fundamental para el esclarecimiento de la identidad biológica y la determinación de vínculos filiatorios, contribuyendo a una resolución más eficiente, objetiva y justa de los casos sometidos a consideración judicial.

Cabe destacar que la Corte Suprema de Justicia, en el marco de la implementación de las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, promueve la gratuidad de las pruebas de ADN para aquellas personas que carecen de recursos económicos suficientes para solventar los costos del examen, fortaleciendo así el acceso efectivo a la justicia y la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes.