La vicepresidenta primera, doctora Carolina Llanes, presentó un informe consolidado de las medidas implementadas por el máximo tribunal de la República, que se transcribe a continuación.

Auditorías de reacción inmediatas

La Corte Suprema de Justicia dispuso auditorías de reacción inmediata en los siguientes Juzgados de Paz:

• Circunscripción Judicial de la Capital: La Encarnación; La Catedral, Primer y Segundo Turno; Santísima Trinidad, Primer, Segundo y Tercer Turno; Villamorra; y San Roque.
• Circunscripción Judicial de Central: Villa Elisa, Lambaré, Luque, Itá, San Lorenzo, Ypacaraí, Areguá, Limpio, Capiatá, J. Augusto Saldívar, Fernando de la Mora, Mariano Roque Alonso, Ñemby, San Antonio y Ypané.
• Circunscripción Judicial de Caaguazú: Juzgado de Paz de Caaguazú.
• Circunscripción Judicial de Cordillera: Juzgado de Paz de Isla Pucú.

A la fecha, se han auditado 11.836 expedientes.

Sumarios administrativos

Las auditorías derivaron en la instrucción de sumarios administrativos a:

• 9 magistrados, de los cuales 3 se encuentran suspendidos sin goce de sueldo.
• 17 secretarios, con 11 suspendidos sin goce de sueldo.
• 23 ujieres notificadores, de los cuales 7 fueron suspendidos.
• 3 funcionarios administrativos (auxiliares).
• 25 abogados.
• 139 oficiales de justicia, de los cuales 15 se encuentran suspendidos.

Movimientos de personal

En paralelo, se dispusieron medidas administrativas para fortalecer los Juzgados de Paz de la Capital:

• Reubicación de 5 funcionarios puestos a disposición de la Dirección de Administración de Personal.
• Terminación de 4 nombramientos interinos y de 1 traslado interino.
• 6 desvinculaciones institucionales.
• Autorización de 27 comisionamientos y 33 contrataciones de personal de apoyo.

Asimismo, fueron aceptadas las renuncias de los jueces de Paz de La Catedral, La Recoleta y Lambaré, en tanto que el juez de Santísima Trinidad – Segundo Turno no fue confirmado en el cargo.

Remisión de antecedentes

La Corte Suprema resolvió la remisión de todos los antecedentes al Ministerio Público y al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, en el marco de las investigaciones en curso.

Coordinación interinstitucional

En el plano interinstitucional, los ministros Alberto Martínez Simón y Eugenio Jiménez Rolón fueron designados representantes de la Corte Suprema para participar de las reuniones de trabajo con la Comisión Especial de Investigación de la Cámara de Senadores, con el fin de aunar esfuerzos en la resolución de esta problemática.

Iniciativas legislativas

La Corte Suprema acompañó diversas iniciativas legislativas orientadas al fortalecimiento del sistema judicial:

Proyecto de ley “Que crea Juzgados de Paz en varios distritos de la Circunscripción de la Capital sin afectación presupuestaria” (Expediente S-2502191), posteriormente ampliado a otras circunscripciones.

El proyecto fue promulgado el 8 de septiembre como Ley Nº 7526, que dispone la creación de nuevos Juzgados de Paz en:
a) Dos en San Roque (Capital).
b) Tres en La Catedral (Capital).
c) Cuatro en La Encarnación (Capital).
d) Dos en Ciudad del Este (Alto Paraná).
e) Uno en San Lorenzo (Central).
f) Uno en Minga Guazú (Alto Paraná).
g) Uno en Presidente Franco (Alto Paraná).
h) Dos en Luque (Central).
i) Uno en Fernando de la Mora (Central).
j) Uno en Lambaré (Central).
k) Uno en San Estanislao (San Pedro).
l) Uno en Capiatá (Central).
m) Uno en Santa Rosa (Misiones).

Además, la ley establece la creación de un Juzgado de Paz en cada departamento de la República, cuya habilitación será dispuesta por la Corte Suprema según las necesidades.

Proyecto de ley “Que establece el régimen de depósito judicial de títulos de crédito o documentos originales en el marco de los procesos civiles ante los juzgados y tribunales de la República” (Expediente S-2502195), actualmente en estudio en la cámara revisora.

Proyecto de ley “Que crea el Registro Nacional de Pagarés y otros títulos de crédito” (Expediente D-2582936), respecto del cual la Corte Suprema ya emitió su parecer.

Avances procesales y pronunciamiento institucional

En la conclusión de su exposición, la vicepresidenta primera, doctora Carolina Llanes, informó que algunos de los actores involucrados ya fueron imputados en el marco del proceso judicial, conforme a los procedimientos legales vigentes.

Por su parte, el ministro doctor Alberto Martínez Simón dio lectura al comunicado emitido por la Corte Suprema el 9 de abril, en el cual se ratificó la imposibilidad jurídica de suspender o revocar de manera generalizada medidas cautelares, así como de anular indiscriminadamente juicios ejecutivos, ya sea mediante disposiciones administrativas o por intervención de autoridades externas al Poder Judicial.

Comunicado del 9 de abril de 2025.