Las instituciones beneficiadas fueron el Colegio Privado Víctor Natalicio Vasconsello y el Colegio Nacional Dr. Juan Francisco Facetti. La capacitación se llevó a cabo en el Salón Agustín Pío Barrios “Mangoré” de la Gobernación de Misiones y contó con la presentación e introducción del magíster Aldo Ávalos, coordinador del Departamento de Educación en Justicia.

Durante la jornada se abordaron temas relacionados con los derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes; la responsabilidad penal adolescente; el bullying y ciberbullying; la prevención de adicciones; y las funciones de los juzgados de paz.

Las disertaciones estuvieron a cargo de los magistrados Antonio Manuel Insfrán Álvarez y Clara Raquel Isasi, miembros del Tribunal de Apelación de la Niñez y la Adolescencia y Penal Adolescente, así como de Eugenia Alegre, jueza de Paz de San Juan Bautista, Circunscripción Judicial de Misiones.

Durante su exposición, el magistrado Antonio Manuel Insfrán Álvarez destacó que el derecho fundamental por excelencia es el derecho a la libertad. “Muchas veces no dimensionamos la importancia de este derecho, especialmente cuando hablamos de jóvenes que se encuentran en pleno proceso de desarrollo y que están llamados a convertirse en protagonistas dentro de la sociedad”, expresó.

Asimismo, recordó que la Constitución Nacional garantiza la libertad al establecer que “nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe”. En ese sentido, explicó que las personas son libres, aunque dicha libertad puede verse comprometida cuando se vulneran las normas que regulan la convivencia social.

En cuanto a la responsabilidad penal adolescente, señaló que a partir de los 14 años un adolescente puede ser considerado penalmente responsable. Esto implica que, una vez alcanzada esa edad, puede ser imputado y sometido a un proceso penal por la comisión de un hecho punible, ya sea un delito o un crimen.

Explicó que el Código de la Niñez y la Adolescencia establece requisitos adicionales para el procesamiento de adolescentes. Indicó que no basta con haber cumplido 14 años, sino que también debe verificarse la existencia de una madurez psicosocial suficiente, que permita comprender la naturaleza y las consecuencias del hecho cometido.

El magistrado agregó que, antes de formular una imputación, el Ministerio Público debe solicitar una evaluación psicológica del adolescente a fin de determinar su grado de madurez.

Por su parte, la jueza de Paz Eugenia Alegre destacó que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir de sus padres o responsables la protección, el cuidado y los medios necesarios para su adecuado desarrollo integral desde la concepción. 

Finalmente, recordó que también poseen deberes y responsabilidades acordes a su edad, entre ellos el respeto a las normas del hogar y de la institución educativa, así como el cumplimiento de obligaciones que se incrementan progresivamente con su crecimiento.