El doctor Jiménez Rolón explicó que la publicación incluye jurisprudencia relativa a la correcta aplicación de las normativas, la tutela de derechos fundamentales, la nulidad de actos y resoluciones, la responsabilidad contractual, las garantías constitucionales y los criterios en materia de prescripción. Asimismo, incorpora un aporte estadístico sobre la producción de resoluciones digitales de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

El contenido de la revista señala que, en el fuero Constitucional, se presentan tres casos que tienen en común la incorrecta aplicación de la normativa al caso concreto. Entre ellos, se analiza una situación en la que se consideró al demandado como protegido por la legislación laboral, pese a que sus funciones y cargo no lo permitían; otro caso en el que se anuló una resolución por falta de coherencia en su fundamentación; y un tercero en el que se dejó sin efecto la negativa al registro de un auditor externo por poseer antecedentes penales, al considerar que dicha decisión vulneraba derechos constitucionales como el trabajo, la igualdad y la reinserción social.

En el fuero Civil se menciona el rechazo de una demanda de nulidad de acto jurídico, debido a que lo pretendido no contaba con acreditación fehaciente respecto de las personas, la acción y los documentos. Asimismo, se expone un caso anulado de oficio, en el que el contrato suscrito por las partes resultó de cumplimiento imposible. Finalmente, se analiza la aplicación de la cláusula penal para exigir el cumplimiento de lo pactado, luego de comprobarse los hechos y los derechos invocados, al entenderse que no se reclamaba la rescisión del contrato, sino la ejecución de dicha cláusula.

En la Sala Penal se expone el caso de una sanción impuesta a una entidad financiera por no brindar información completa y precisa a una usuaria sobre operaciones en moneda extranjera. Asimismo, se presenta la nulidad de un sumario administrativo por haberse dictado fuera de plazo la sanción correspondiente. En materia Penal, también se incluyen tres casos: la anulación de una resolución que no consideró el reinicio del cómputo del plazo para la prescripción con posterioridad a la pandemia de COVID-19; una garantía constitucional para el traslado de una persona privada de libertad a un centro de salud; y un fallo que hizo lugar a un recurso de casación, declarando la nulidad de una resolución que resolvía la prescripción en un caso de producción mediata de documentos públicos de contenido falso, precisando que los tipos penales de “producción” y “uso” son autónomos desde el punto de vista normativo.

Finalmente, el pleno de la Corte Suprema aprobó la creación de una sección de doctrina judicial para recibir trabajos de investigación y monografías jurídicas elaboradas por magistrados de todo el país, así como la conformación de un comité editorial encargado de evaluar y seleccionar los trabajos que serán publicados en la Gaceta Judicial. Asimismo, se aprobó la creación de una sección destinada a monografías universitarias.