Durante la jornada, la ministra Llanes desarrolló el tema “Construyendo una política judicial para el uso racional de la prisión preventiva”, como integrante del primer panel, “Hacia una nueva agenda del litigio cautelar: la prisión preventiva como desafío para la justicia penal”. Compartió este espacio con Alberto Binder (Argentina), doctor en Derecho y especialista en Derecho Penal y Procesal Penal. La moderadora fue María Victoria Rivas, directora ejecutiva del Centro de Estudios Judiciales (CEJ).

En ese contexto, presentó las acciones, experiencias, políticas y estrategias impulsadas desde la Corte Suprema de Justicia para hacer frente a la prisión preventiva, así como los desafíos que persisten en esta materia.

Señaló que, tras casi 30 años de reformas, se sigue enfrentando esta situación y sostuvo que es necesario adaptar las políticas a la realidad actual, garantizando derechos sin ignorar el crimen organizado que opera desde las cárceles.

“Hoy, el gran desafío, entre otros, es el cumplimiento del sistema normativo vigente. La Constitución es clara, la cárcel tiene finalidades concretas cuando se trata de pena para proteger a la sociedad y a los efectos de la posterior reinserción social”, añadió.

Asimismo, recalcó la necesidad de diseñar una política criminal estatal e integral, sostenida más allá de los gobiernos, que permita reducir la prisión preventiva y aplicar efectivamente su carácter excepcional y las medidas alternativas, conforme al marco constitucional. Para ello, consideró fundamental la coordinación entre las instituciones y la capacidad de resistir la presión social sobre las decisiones judiciales.

Por su parte, Lourdes Flores, coordinadora de Proyectos del Centro de Estudios Judiciales, brindó las palabras de bienvenida y señaló que la actividad forma parte de las iniciativas promovidas por el proyecto “Acceso a la justicia y derechos humanos de las personas privadas de libertad”, implementado por el CEJ con el financiamiento de la Unión Europea.

A su turno, María Victoria Rivas, directora ejecutiva del CEJ, destacó el trabajo que se realiza para rediseñar una propuesta que dé una solución a esta problemática estructural y señaló que estos espacios permiten analizar los problemas históricos y emergentes del sistema penitenciario.

Asimismo, se desarrolló el segundo panel, denominado “Las cárceles como plataformas delictivas”, con la participación de Juan Martens, doctor en Criminología, y Rafael Godoi (Brasil), doctor en Sociología. La moderadora fue la abogada e investigadora Magda Azcona.

El espacio tuvo como propósito generar diálogo y reflexión sobre los principales desafíos del sistema penitenciario nacional, promoviendo un debate informado, plural y orientado a la construcción de propuestas para fortalecer las políticas públicas.

Participaron representantes de instituciones públicas, operadores del sistema de justicia, integrantes de la academia, organizaciones de la sociedad civil y público en general interesado en la temática.