La Dirección de Asuntos Jurídicos de la Corte Suprema de Justicia en atención a publicaciones recientes en medios digitales, emitió dictamen sobre el régimen aplicable a los permisos para capacitación, con goce de sueldo, para funcionarios del Poder Judicial.

Al respecto, luego de la exposición de hechos y análisis de las normas vigentes se concluye que la licencia especial con goce de sueldo para estudios o capacitación no es un beneficio creado para una persona determinada ni reservado a personas allegadas a los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, sino un instituto general previsto anteriormente ya en la Acordada N° 252/2002 y actualmente regulado por el artículo 62 de la Acordada N° 1.679/2022.

A esta licencia o permiso con goce de sueldo pueden acceder todos los funcionarios con al menos dos años de antigüedad, cuando la capacitación esté directamente vinculada a la función que desempeñan, por un máximo de dos años, y con obligaciones posteriores concretas: a) reincorporarse al término de la licencia, b) permanecer en la institución por el doble del tiempo concedido y, c) en caso contrario, reintegrar los emolumentos percibidos.

Al mismo tiempo, es importante señalar que estas licencias o permisos con goce de sueldo son concedidas exclusivamente por el Consejo de Superintendencia, órgano colegiado de la Corte Suprema de Justicia, por lo que no corresponde atribuir su otorgamiento al Presidente ni a ningún ministro de forma individual.

En este sentido, la Dirección General de Capital Humano confirma la aplicación general del régimen: entre julio de 2022 y agosto de 2026 se registraron 36 actos de concesión o prórrogas de permisos por capacitación, correspondientes a 34 funcionarios distintos, y actualmente se encuentran vigentes 10 autorizaciones de esa naturaleza.

La situación de la funcionaria Analía Belén Carillo Servín es, en consecuencia, uno más de esos casos, sujeto a los mismos requisitos, límites y obligaciones que rigen para cualquier otro funcionario que usufructúe esta modalidad.

En el caso concreto, la licencia fue concedida por Resolución N° 1.322 del 23 de junio del 2024 del Consejo de Superintendencia, resolución que no fue suscripta por el Ministro Alberto Martínez Simón, y renovada por Resolución N° 1.235 del 15 de julio de 2025, cuando dicho Ministro ya no integraba ese órgano.

La funcionaria Analía Belén Carrillo presta servicios en el Poder Judicial desde el 15 de septiembre de 2015, varios años antes de que el Ministro Martínez Simón se incorporara a la Corte Suprema de Justicia, en abril de 2019.

La apuesta de la Corte Suprema de Justicia de promover la capacitación de sus funcionarios no es nueva, ha transcurrido aproximadamente un cuarto de siglo desde su reglamentación, mediante la Acordada N° 252/2002, y ello ha dado sus frutos, impulsando la carrera judicial de numerosos funcionarios, para el mejoramiento del servicio de Justicia prestado.

Se adjunta el dictamen mencionado: