Con el objetivo de recolectar mas elementos que sirvan de sustento para presentar la acusación formal, la fiscala Maria Soledad Machuca Vidal presentó ante el juzgado Penal de Garantías Nº 6 a cargo de Pedro Mayor Martínez un nuevo pedido de sobreseimiento provisional para 17 personas involucradas en los hechos de robo, homicidio y secuestro en grado de tentativa en los que resultó víctima Juan Pedro Schaerer. Las mismas personas, también están sospechadas de haber participado en el secuestro de Cristhian Eduardo Schaerer, hijo de Juan Pedro, ocurrido el 21 de septiembre del 2003.

El pedido beneficia a Pastora Arriola de Delvalle, Calixto Rojas Espínola, Ramona Bienvenida Delvalle de Vargas, Yolanda Oliver de Delvalle, Alberto Cayetano Bogado, Cristhian Romero Brítez, Rafael Vera Paredes, Víctor Vergara, María Mercedes Rodríguez de Servín, Lázaro Espínola Jacquet, Damián Delvalle, Crescencio Martínez Giménez, Albino Ramos Sanabria, Facundo Ramos Sanabria, Antonio Ramos Sanabria, Genoveva Oviedo de Paiva y Pedro Roberto Vargas. Todos ellos estan imputados en el expediente judicial caratulado “M.P. contra Cynthia Perez Toranzos, Estela Caballero, Rodolfo Lohrman, Oscar Letora y otros sobre Tentativa de homicidio y otros”.

En su presentación, la fiscala argumenta que si bien existen sospechas de la participación de los procesados, no cuenta aun con los elementos que demuestren fehacientemente la participación de los mismos, por lo que presentó el nuevo pedido de sobreseimiento provisional. Un pedido similar ya había sido formulado en setiembre del 2007 ante el mismo juzgado.

En ese sentido, señala que aunque los elementos de sospecha que sirvieron de base para la imputación de los citados siguen vigentes, no son suficientes para sustentar una acusación responsable, atendiendo, especialmente, a que la información proveída por algunos testigos proviene de terceras personas, “lo que significa que ninguno de ellos percibió directamente las circunstancias a las que hacen mención, a lo que se debe agregar que hasta la fecha  se desconoce el paradero del joven Christian Schaerer, por lo que resulta básico colectar otros elementos que complementen lo sostenido por los testigos”.

Asimismo, sostiene que ante la indefinición con respecto a la participación de los imputados en los hechos investigados, no es posible sustentar el presupuesto convictio de probabilidad, exigido por el artículo 347 del Código Procesal Penal. Sin embargo, deja abierta la posibilidad de obtener información  que ayude a disipar positivamente el estado de indefinición existente, lo cual habilita la aplicación del sobreseimiento provisional.

“El Ministerio Público debe desarrollar su labor de titular de la acción penal pública atendiendo el criterio de objetividad. El Ministerio Público no es un acusador de ultranza, debe actuar objetivamente, ponerle atención de modo razonable a la situación del imputado y de las víctimas y tomar en cuenta todas las circunstancias importantes, sean en beneficio o en perjuicio del imputado y no puede pretender someter a una persona a juicio sin contar con los elementos necesarios para probar su acusación, debe proponer la decisión más justa en cada caso, conforme a la normativa penal vigente” señala la  fiscala en una parte de su presentación.