En el marco del expediente judicial caratulado acción de inconstitucionalidad en el juicio: Juan Claudio Gaona Cáceres y Rubén Melgarejo Lanzoni s/ cohecho pasivo agravado, los defensores públicos creen conveniente traer a colación a la opinión pública que la decisión en cuestión la sido superlativamente tergiversada, emitiéndose opiniones aparentemente sin conocer suficientemente la decisión en cuestión, o por lo menos sin hacer la introspección requerida para asumir pública postura, por medios de comunicación con el talante de inducir algunos con solapado interés, y otros no, pero siempre con finalidad- non sancta- al público lego a un error.

Señala además que, están indignados por el mal sano oportunismo de ciertos políticos, quienes aprovecharon para embanderarse de una insidiosamente tergiversada interpretación de la citada resolución para reclamar el enjuiciamiento al ministro Bajac. Nosotros entendemos que la posición asumida en mayoría por la sala constitucional se adecua a los principios republicanos, que exige el fiel acatamiento de la ley, al que se encuentra como bien superior e inexpugnable, aún cuando de ello surja la eliminación de unos elementos de prueba que podrían comprometer la suerte de una persona, indica.

Termina diciendo que, debemos pretender la justicia pero no a cualquier precio, pues como decía Montesquieu, las formas son las reglas a las cuales la sociedad debe acogerse en busca de la propiedad intelectual.

Por su parte el Colegio de escribanos y abogados de Concepción, sienta postura a través de su comisión directiva entienden que el lineamiento jurisprudencial del Acuerdo y Sentencia Nº 293 de fecha 11 de junio de 2010, constituye una garantía efectiva al derecho de defensa de un juicio y al debido proceso, sin constituir un obstáculo alguno para la función investigativa del Ministerio Público, que so pretexto se combatir los hechos punibles de ningún modo puede menoscabar derechos y garantías procesales y debe ajustar su actuación a la Constitución Nacional, los tratados internacionales y las disposiciones legales, por lo que creemos ajustado a derecho lo resuelto por la sala constitucional de la Excma. Corte Suprema de Justicia, es este caso en particular.

Los jueces que ejercen la magistratura en juzgados y tribunales de la circunscripción judicial de Concepción,  expresan también por este medio al señor ministro su solidaridad por el torrente de improperios que se está recibiendo de sectores disconformes con una decisión suya como integrante de la sala constitucional de CSJ, donde ven que no siempre esas disconformidades reconocen el marco de objetividad y seriedad deseadas, teniendo muchas de ellas un tono agresivo y peligrosamente generalizador de fuertes ataques indiscriminados, exentos de razonabilidad.

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