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Corte Suprema de Justicia

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20 DE MARZO DE 2019

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL REGISTRAL ELECTRÓNICO

Aprueban reasignación para Dirección de Registros Públicos

La Corte Suprema de Justicia aprobó en su sesión plenaria una reasignación presupuestaria para la Dirección General de Registros Públicos con el fin de realizar los procesos correspondientes al llamado “Servicio Técnico para el Diseño y Desarrollo del Sistema de Gestión Integral Registral Electrónico.

En sesión plenaria de la máxima instancia judicial se resolvió aprobar la reasignación solicitada por la directora de los recursos del Llamado LPN PAC N° 10/2018, “Servicio de Guardería para la Dirección General de los Registros Públicos”, el cual será pospuesto para el siguiente Ejercicio Fiscal al Llamado “Servicio Técnico para el Diseño y Desarrollo del Sistema de Gestión Integral Registral Electrónico (E-SGIR)”, cuya contratación es plurianual.

La titular de la Dirección General de Registros Públicos, Lourdes González, explicó que la aprobación de la reasignación presupuestaria que se destinará a la futura implementación del Sistema de Gestión Integral Registral Electrónico (E-SGIR), constituye un paso gigantesco al mejoramiento de la atención a los usuarios como también  a la optimización de la gestión institucional, ya  que paulatinamente se digitalizan los procesos y esto mejora la seguridad para la ciudadanía. Por otra parte destacó el interés que demuestra el Poder Judicial hacia los Registros Públicos.

Con relación al monto a ser utilizado para la implementación del sistema, asciende a la suma de G. 13.500.000.000, siendo el monto asignado para la ejecución durante el presente ejercicio fiscal de G. 1.350.000.000, equivalente al 10%.

Es importante recordar que con la reasignación de dichos recursos ya podrán iniciarse los procesos correspondientes al llamado en cuestión, considerando que el mismo es prioritario, debido a que el sistema informático actual de la Dirección General de Registros Públicos data del año 2005 y periódicamente produce fallas e inconsistencias que pueden poner en peligro el ámbito de la seguridad jurídica.  

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