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25 DE ABRIL DE 2019

A CARGO DEL JUZGADO PENAL DE EJECUCIÓN DE CORDILLERA

Verifican situación procesal en penitenciarías de Emboscada

El juez Penal de Ejecución de Cordillera, abogado Juan Bautista Silva Ucedo, se constituyó en las penitenciarías de la ciudad de Emboscada, Padre Juan Antonio de la Vega, Antigua Penitenciaría Regional y Granja Penitenciaria Itá Porã, en atención a lo establecido por el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia en el que cada Juzgado de Ejecución de la República eleve informe sobre lista de condenados y su situación procesal.

Se llevó a cabo el control del régimen penitenciario conforme faculta la Ley N° 5162/14, Código de Ejecución Penal. Se corroboró la ubicación real de cada interno en las tres penitenciarías de Emboscada y fueron evacuadas consultas sobre la situación procesal y los beneficios que la ley establece para los mismos.

Las tareas fueron realizadas conjuntamente con la representante del Ministerio Público, abogada Vilma González, fiscala de Ejecución Penal; abogada María Bareiro, defensora de Ejecución Penal de Cordillera; la actuaria del Juzgado abogada Laura Ávalos y los directores de los respectivos penales, Tomás Bolaños, Juan Carlos Irala y Raúl Servín.

El total de internos en los pabellones de la Penitenciaría Padre Juan Antonio de la Vega asciende a 1.326, entre ellos se discriminan los condenados: 336, los procesados: 990, extranjeros: 28, aislados: 23, enfermos mentales: 28, entre otros.

En la Antigua Penitenciaría Regional se encuentran un total de 1.364 internos, condenados: 277, procesados: 1.087, extranjeros: 36, aislados: 5 y enfermos mentales: 3. Así también en la Granja Penitenciaria Itá Porã 22 condenados se encuentran en el régimen semiabierto.

Cabe destacar que también fueron desarrolladas audiencias de sustanciación de pruebas para estudio de concesión del beneficio de redención para varios internos. Asimismo, en atención a lo dictaminado por médicos forenses, se resolvió ordenar prisión domiciliaria a interno que padece de enfermedad terminal, cuyo tratamiento lo realiza en el Instituto Nacional del Cáncer. También, a solicitud de internos, el Juzgado ordenó que los mismos sean asistidos por la defensa pública.

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