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01 DE NOVIEMBRE DE 2021

PARTICIPÓ EL PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Autoridades se reunieron para analizar primer borrador del informe de Gafilat

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor César Diesel, junto con técnicos de varias dependencias de la máxima instancia judicial participaron de la reunión de análisis del primer borrador del Informe de Evaluación Mutua (IEM) del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) sobre el cumplimiento de sus normas en nuestro país. De la jornada participaron la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñónez, autoridades de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad), del Ministerio de Hacienda y el Banco Central del Paraguay. 

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad), Carlos Arregui Romero, explicó que ya se encuentran estudiando el informe que consta de más de 400 páginas. Confirmó que las autoridades locales tienen tiempo hasta el 26 de noviembre del corriente año para realizar el descargo correspondiente. 

El Informe de Evaluación Mutua (IEM) deberá ser analizado y estudiado por los representantes del Sistema Antilavado de Activos y contra la Financiación del Terrorismo (ALA/FT) de manera a elaborar la respuesta argumental que presentará el país ante las observaciones de los evaluadores.

El referido informe contiene descripciones con relación al proceso de evaluación que se inició en el año 2018, de las cuales se tendrán tres versiones, esta última será la que otorgará un puntaje a nuestro país.

El objetivo del referido Grupo de Acción Financiera es supervisar el cumplimiento de las normas contra el lavado de activos, el crimen organizado y el financiamiento del terrorismo internacional y la producción o comercialización de armas de destrucción masiva.

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 17 países de las Américas, es decir, de América del Norte y Sur, incluyendo Centroamérica, y fue creado para prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

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