Durante su exposición ante los legisladores, el doctor César Diesel profundizó en los objetivos estratégicos de la solicitud de ampliación presupuestaria, orientada a garantizar la continuidad operativa de proyectos institucionales en curso, la cobertura de compromisos contractuales vigentes y la adecuación progresiva de la infraestructura judicial.

Acompañaron al titular de la máxima instancia judicial el director general de Administración y Finanzas, abogado Mirko Duré; el director de Presupuesto, Carlos Benítez; y funcionarios del área administrativa, quienes brindaron respaldo técnico durante la presentación.

El titular de la Corte Suprema explicó que la propuesta busca atender necesidades impostergables no contempladas en el plan financiero actual, consideradas esenciales para el funcionamiento regular del sistema judicial. Asimismo, aclaró que los fondos solicitados provienen exclusivamente de recursos institucionales generados por tasas y servicios prestados por el propio Poder Judicial, sin recurrir a fondos del Tesoro Nacional.

Dentro de las áreas prioritarias de inversión, se contemplan la adecuación edilicia de sedes judiciales, el fortalecimiento de la seguridad institucional y la adquisición de equipamiento e insumos indispensables para sostener la operatividad a nivel nacional. Igualmente, se prevé la cobertura de gastos en servicios personales y no personales, así como la compra de bienes de consumo y de inversión física.

En ese marco, se proyecta una asignación de G. 28.680.500.000, que será destinada prioritariamente al cumplimiento de contratos vigentes, además de permitir —según disponibilidad— nuevos llamados para servicios especializados. De acuerdo con lo señalado por el director general de Administración y Finanzas, parte de estos fondos posibilitará el avance en el proceso de digitalización certificada de documentos en la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP), como parte de la etapa preparatoria para la futura implementación del Registro Único Nacional (RUN), un sistema que prevé integrar progresivamente los servicios registrales actualmente distribuidos en distintas dependencias.

Asimismo, parte de los recursos será utilizada para cubrir asignaciones complementarias vinculadas al fortalecimiento del sistema registral y a la gestión de personal técnico en áreas estratégicas.

Adicionalmente, la solicitud contempla la actualización de sistemas institucionales, el alquiler de inmuebles destinados a dependencias judiciales y la adquisición de insumos estratégicos como mobiliario, equipos informáticos e industriales, materiales de seguridad y recursos para capacitación, con el objetivo de optimizar la administración de los ingresos judiciales y fortalecer la calidad del servicio brindado.

En paralelo, se incluyó una partida adicional de G. 9.500.000.000, también con cargo a la Fuente 30, destinada a cubrir los costos operativos del modelo de descentralización judicial. Esta suma permitirá que jueces o secretarios puedan constituirse en los lugares solicitados por las partes litigantes, promoviendo así el acceso efectivo a la justicia en zonas alejadas. Actualmente, esta modalidad está en funcionamiento en la Capital y en 11 circunscripciones judiciales, y el objetivo institucional es extender su cobertura a las 6 circunscripciones restantes, de acuerdo con las particularidades operativas de cada una.

Durante la sesión, el presidente Diesel también se refirió a la próxima visita de autoridades de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se desarrollará en la sede judicial de la Capital. En ese contexto, indicó que parte de los fondos serán destinados a garantizar las condiciones logísticas, técnicas y edilicias necesarias para el desarrollo adecuado de esta actividad internacional, de alto valor institucional.

La audiencia fue presidida por la diputada nacional Cristina Villalba y contó con la participación de los diputados Emilio Pavón Doldán, Rocío Vallejos, Yamil Esgaib, Rubén Rubín y José Rodríguez.

La exposición se enmarca en el proceso de análisis legislativo de la planificación y ejecución presupuestaria del Poder Judicial, en cumplimiento del principio de transparencia, y como parte del fortalecimiento del diálogo interinstitucional orientado al mejoramiento continuo del servicio de justicia.