Durante la visita, el ministro Manuel Ramírez Candia se interiorizó sobre el funcionamiento de los Juzgados de Primera Instancia y otras dependencias judiciales de la ciudad de Dr. Juan Eulogio Estigarribia. En ese marco, verificó las condiciones edilicias, así como las mejoras implementadas recientemente, con el propósito de evaluar las necesidades y fortalecer la capacidad operativa de los tribunales.

Como parte de su agenda, mantuvo un diálogo con magistrados y funcionarios judiciales, en línea con la política institucional de la Corte Suprema de Justicia de promover una gestión cercana, transparente y eficiente. Estos espacios de escucha permiten identificar desafíos concretos en la prestación del servicio y avanzar en soluciones que respondan a las demandas ciudadanas.

También se llevó a cabo una reunión con representantes del Colegio de Abogados del Departamento de Caaguazú. En el encuentro se reafirmó el compromiso de cooperación interinstitucional, orientado a consolidar un sistema de justicia accesible y confiable, a través del trabajo articulado entre el Poder Judicial y los distintos sectores vinculados al quehacer jurídico.

Participaron de las actividades la presidenta del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Caaguazú, abogada Sandra Regina Porto Varela; la secretaria de Presidencia, abogada Ana Belén Garcete; la administradora judicial, licenciada Sonia Giacobbi; y los funcionarios Emmanuel Soto y José Benítez.

Posteriormente, el ministro Ramírez Candia asistió al acto de entrega oficial de un inmueble donado por la Municipalidad de Nueva Toledo, a través de su intendente, señor Gilmar Marques da Silva. El terreno será destinado a la construcción del futuro edificio judicial de la localidad, e incluye el compromiso de la administración municipal de asumir el 50 % del costo total de la obra.

Esta acción de colaboración refleja la importancia del trabajo conjunto entre instituciones del Estado para garantizar el acceso efectivo a la justicia en condiciones edilicias dignas, adecuadas y sostenibles. La iniciativa se enmarca en la política de descentralización del servicio judicial y expansión de la infraestructura en zonas estratégicas del país.