Los ministros Enrique Riera y Rodrigo Nicora destacaron la apertura y el interés de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, y coincidieron en que, a través de la Oficina Técnica Penal y de la mesa de trabajo interinstitucional, se coordinarán acciones concretas para la implementación efectiva del sistema de control electrónico.

El ministro del Interior, Enrique Riera, señaló que se cuenta con los recursos necesarios para garantizar el acceso equitativo a los dispositivos y subrayó la importancia de una mayor articulación interinstitucional para ampliar el número de beneficiarios. Informó además que el Ministerio de Justicia tiene identificadas a más de 1.400 personas procesadas que podrían ser usuarias del sistema, de las cuales alrededor de 800 corresponden a casos de violencia familiar. Destacó que esta tecnología brinda mayor seguridad a las víctimas y permite monitorear a los encausados las 24 horas, facilitando su reintegración familiar y social.

Riera explicó que uno de los principales objetivos de la iniciativa es reducir el hacinamiento carcelario mediante la aplicación de medidas alternativas o sustitutivas a la prisión en los casos que no representen un peligro para la sociedad.

“Las tobilleras son una herramienta moderna que permiten litigar en libertad, mantener el vínculo con la familia y seguir trabajando sin sobrecargar el sistema penitenciario”, expresó.

Por su parte, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, resaltó que la medida busca garantizar el cumplimiento de los requisitos jurídicos y técnicos establecidos en la ley, ofreciendo a los jueces una herramienta moderna y segura para el control de personas procesadas.

Añadió que la implementación de estos dispositivos no solo apunta a descongestionar los centros penitenciarios, sino también a mejorar la eficiencia del sistema de justicia penal y promover soluciones que preserven el tejido social.

“El uso de tobilleras electrónicas permite que los procesados mantengan sus vínculos familiares y laborales, reduciendo el impacto psicológico del encierro y ofreciendo una alternativa más humana”, señaló.

Asimismo, explicó que el costo de implementación de estos dispositivos es similar al de mantener a una persona en prisión, con la ventaja de contribuir a la reinserción social y evitar el hacinamiento.

Finalmente, mencionó que ya está instalada una mesa técnica interinstitucional que analizará el listado de posibles beneficiarios, revisará caso por caso las medidas cautelares y evaluará las condiciones técnicas y legales para su aplicación.