19 DE DICIEMBRE DE 2025
ESPACIO PARA EL INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES
Representante del Poder Judicial participó de la Conferencia Global Anticorrupción
Del 15 al 19 de diciembre de 2025, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) organizó la 11ª Conferencia de Estados Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), con la participación de la delegación nacional de la República del Paraguay, integrada por representantes de la Cancillería Nacional, la Corte Suprema de Justicia y la Contraloría General de la República. Este encuentro reunió a representantes de Estados Parte, observadores y actores de la sociedad civil, con el objetivo de analizar avances, desafíos y estrategias vinculadas a la implementación de la UNCAC, adoptada en 2003 y ratificada por Paraguay en 2005.
La conferencia se desarrolló en la ciudad de Doha, Estado de Qatar, bajo el lema “Shaping Tomorrow’s Integrity” (Dando forma a la integridad del mañana). En representación del Poder Judicial participó el secretario del Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, abogado Alex Almada, en su carácter de Delegado Institucional ante el Consejo Nacional Anticorrupción, designado por Acta N° 01/2025 de dicho órgano, de fecha 17 de febrero de 2025.
El Consejo Nacional Anticorrupción se encuentra integrado por los presidentes de los tres Poderes del Estado, el contralor general de la República y el fiscal general del Estado, conforme a lo establecido en la Ley N° 7389/2024, “Que establece el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción de la República del Paraguay”.
En el marco del debate general, la delegación del Paraguay expuso los alcances y avances derivados de la implementación de la Ley N° 7389/2024, que instituyó el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción, incluyendo la creación y consolidación de más de 250 Unidades de Transparencia y Anticorrupción en el sector público. Asimismo, la conferencia constituyó un espacio para la realización de reuniones bilaterales con la UNODC, organismos de cooperación y otros Estados Parte, orientadas al intercambio de experiencias y a la exploración de posibles líneas de colaboración.
En el ámbito judicial se abordaron diversos temas vinculados a la integridad, tales como el bienestar judicial como fundamento de la integridad, los códigos de conducta judicial y su relación con la independencia y la imparcialidad, en el marco de la Declaración de Nauru sobre Bienestar Judicial y los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial.
Igualmente, se desarrollaron conversatorios regionales en los que se compartieron experiencias sobre iniciativas locales en materia de integridad judicial, así como reflexiones en torno a los desafíos que plantea la era digital en la administración de justicia, con especial énfasis en el uso de nuevas tecnologías.
Durante la conferencia, se destacó la relevancia de incorporar enfoques preventivos y de derechos humanos en las políticas de integridad, considerando al bienestar judicial y a los códigos de conducta como elementos que contribuyen al fortalecimiento del sistema de justicia y a la confianza pública.
En ese contexto, la Convención adoptó diversas resoluciones, entre ellas la que habilita el inicio de la segunda fase del examen de implementación de la UNCAC, mecanismo que permitirá evaluar los avances y desafíos de los Estados Parte en la aplicación de sus disposiciones.
La participación institucional en esta Conferencia se enmarca en las acciones de coordinación entre los distintos Poderes del Estado y la cooperación internacional, orientadas a la implementación de los principios y objetivos establecidos en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, promoviendo el intercambio de buenas prácticas y estándares internacionales.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción constituye el único instrumento mundial jurídicamente vinculante en esta materia y abarca cinco ámbitos principales: las medidas preventivas; la tipificación penal y la aplicación de la ley; la cooperación internacional; el intercambio de información; y la recuperación de activos.








