En ese sentido, dentro del calendario se detalla el avance de la implementación del Expediente Judicial Electrónico en el Poder Judicial, específicamente en los juzgados de Paz, a nivel de las circunscripciones judiciales. “Para hacer un balance global, este año pretendemos la digitalización de 59 juzgados de Paz en todo el país”, expresó el doctor Martínez Simón.

Asimismo, el ministro explicó que se prevé avanzar con la gestión de la nueva plataforma del Sistema de Información y Gestión de Tribunales de Ejecución (SITJE), que permitirá a los juzgados Penales de Ejecución realizar un control de las fichas de las personas condenadas, tanto de aquellas privadas de libertad (PPL) como de quienes cumplen medidas menos gravosas.

Por otra parte, por autorización del Consejo de Superintendencia, se iniciará la implementación de la gestión electrónica en los Juzgados de Sentencia que tramitan causas de acción penal privada, así como en las distintas circunscripciones judiciales, proceso que estará supeditado a la provisión de equipos informáticos y firmas digitales por parte de los Consejos de Administración.

En cuanto a la expansión de aplicaciones, el sistema de cobertura de gastos estará sujeto al presupuesto institucional asignado a través de la Fuente de Financiamiento 30 (FF30).

Respecto a las gestiones ante el Banco Nacional de Fomento (BNF), se prevé extender a todo el territorio nacional las funcionalidades operativas vigentes en Capital, tales como la apertura de cuentas judiciales, la solicitud de extractos y el Sistema de Transferencia Electrónica (STEF), conocido como “cheque judicial electrónico”.

Dentro del plan de trabajo también se contempla la transformación digital de la gestión de la Superintendencia General de Justicia y del Consejo de Superintendencia; la gestión electrónica de los trámites vinculados a la Carta de Naturalización (Secretaría Judicial II); y el inicio de la implementación del Sistema de Gestión Jurisdiccional (SITJE), que reemplazará al JUDISOFT en la gestión de los juzgados de Primera Instancia y de Paz.

Finalmente, se prevé implementar un registro de comparecencia para las personas procesadas y condenadas que litigan en libertad y que deben acreditar el cumplimiento de las medidas impuestas en las resoluciones judiciales.