04 DE SEPTIEMBRE DE 2026
ENTRE REPRESENTANTES DE LA CSJ Y LA SENABICO
Mesa técnica trabaja en optimizar el comiso y la trazabilidad de bienes provenientes del crimen organizado
Este jueves 3 de setiembre se desarrolló una mesa de trabajo interinstitucional en la sede del Palacio de Justicia de Asunción, con el objetivo de coordinar y optimizar los procesos de comiso de bienes y fortalecer su trazabilidad, en el marco de la aplicación de la Ley N.º 5876/17.
La reunión estuvo encabezada por el juez Penal de Ejecución Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Corrupción N.º 3, doctor Carlos Mendoza, y contó con la participación de la ministra secretaria ejecutiva de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO), abogada Teresa Rojas.
Asimismo, integraron la mesa, representantes de la Coordinación para la Inscripción de Bienes Incautados y Comisados de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos la abogada Melissa González.
Durante la jornada se analizaron estrategias para agilizar los trámites de inscripción y administración de los bienes objeto de comiso, específicamente en la causa “Darío Messer y otros s/ lavado de dinero mayor a 750 jornales”, Expediente N.º 0001-2017.
En ese contexto, se abordó el procedimiento previsto para los bienes incautados en la causa, que serán destinados a subasta. También se examinó el mecanismo acordado con Brasil para la adjudicación y posterior distribución de los recursos obtenidos entre ambos países, conforme a los procedimientos establecidos. Estos bienes continúan bajo administración de la SENABICO.
La mesa de trabajo busca consolidar mecanismos de control, transparencia y trazabilidad en los procesos judiciales relacionados con hechos punibles de alta complejidad, mediante una articulación efectiva entre las instituciones competentes.
Estas acciones se enmarcan en los lineamientos vinculados a las evaluaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), con el propósito de fortalecer la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas, así como promover el cumplimiento de las obligaciones internacionales y la coordinación interinstitucional entre las autoridades competentes.








