Por no contar con los elementos para sostener la acusación, el Ministerio Público resolvió solicitar el sobreseimiento en forma definitiva a 20 personas, que fueron incluidas e investigadas en la causa abierta sobre el supuesto perjuicio de 6.500 millones de guaraníes ocasionado al Estado, dinero perteneciente a la Secretaría de Acción Social.

En el mismo proceso, también esta imputada la ex titular de la SAS, Judith Andraschko, cuya audiencia preliminar quedó precisamente suspendida para el próximo 27 de setiembre, a raíz de que su abogado defensor no pudo presentarse a la convocatoria alegando sobrecarga de trabajo.

Entre los sobreseídos están el dirigente de los sin techo Felipe Cabrera, el ex defensor adjunto del pueblo y abogado de los sin techo, Raúl Marín, además de algunos ex funcionarios de la Secretaría de Acción Social. 

La fiscala del caso, Rocío Vallejo sostuvo que el Ministerio Público debe ser responsable en sus acusaciones y al no contar con las pruebas fehacientes es difícil sostener una acusación.  

“Teniendo en cuenta todos los elementos existentes en la carpeta fiscal, hemos analizando la participación concreta de cada uno de ellos, diferenciando la participación que pudieran tener una relevancia penal de aquella que es meramente administrativa dentro de un proceso, luego de un arduo trabajo, la fiscalía no ha podido llegar a una certeza como para sostener una acusación contra estas personas, pedimos el sobreseimiento por duda, porque en realidad para poder llegar a un juicio oral el Ministerio Público debe tener certeza de la participación de estas personas” sostuvo, la fiscala del caso.

Consultada si es posible recuperar el dinero supuestamente malversado, la fiscala indicó que al analizarse las cuentas de las personas involucradas no se ha podido encontrar pruebas relevantes, pero que “en una eventual condena si es que hubiere, de elevarse la causa a un juicio oral, el Estado tiene las herramientas para abrir una causa contra las personas que han causado un perjuicio  patrimonial al Estado” señaló, la agente del Ministerio Público.

Según la investigación fiscal, los 6.500 millones de guaraníes fueron utilizados por la SAS, bajo la administración de Judith Andraschko para adquirir 14 inmuebles inservibles para destinarlos a asentamientos campesinos ubicados en Caaguazú, Ñemby, Tobatí, Itacurubi de la Cordillera, Limpio, Villa Elisa, Areguá y Coronel Oviedo.