Por disposición de la Corte Suprema de Justicia, el director general de auditoría de gestión jurisdiccional y su equipo investigativo, se encuentran en la Circunscripción Judicial de Itapúa investigando las irregularidades detectadas a raíz de la denuncia proveniente de la Dirección General de Garantías Constitucionales.

La presidenta del Consejo de Administración, Elsa Kettermann Diessel, encabeza igualmente los procedimientos tendientes a identificar a los autores materiales y dilucidar el hecho punible.

Entre tanto, la Corte ya adoptó las primeras resoluciones al respecto, y remitió los antecedentes al Ministerio Público, dando intervención a los fiscales para que investigan el hecho denunciado.

En ese sentido, un rematador fue sumariado y suspendido en sus funciones por el Consejo de Superintendencia de la Corte, luego de que el mismo pretendía intervenir en dos causas cuando en realidad no había sido asignado para ninguna de las mismas. Una actuaria judicial y un abogado también soportan sumario por este hecho.

De acuerdo a los antecedentes, a principios de junio, el referido Consejo había dispuesto una auditoría luego de que la directora general de Garantías Constitucionales, Remates y Peritos Judiciales denunció la existencia de irregularidades en la designación del rematador público Atilio Estigarribia Salina en la tramitación de dos juicios del Banco Itapúa Saeca.

Dicha auditoría comprobó que el mencionado rematador no se encontraba designado en los juicios “Banco Itapúa Saeca c/ Jair Grebinski s/ Ejecución Hipotecaria” y “Banco Itapúa Saeca c/ Egidio Jorge Korbes s/ Acción Ejecutiva”, pero sin embargo su nombre sí figuraba en los edictos publicados.

Precisamente, al iniciarse la investigación correspondiente, los auditores ingresaron al sistema Judisoft a modo de constatar las actuaciones de los expedientes en cuestión, notando que fueron dictados dos proveídos en mayo de 2017 en los cuales se designa como rematador al señor Atilio Estigarribia.

Posteriormente verificaron in situ los expedientes mencionados, debidamente autenticados por la actuaria María Luisa Ortigoza, a cargo de la secretaría N° 5 del Juzgado Civil y Comercial del Tercer Turno de Encarnación, y encontraron dos comprobantes de sorteos con el mismo número de ronda sin la correspondiente firma y sello de la jefa de la Oficina de Garantías Constitucionales de Encarnación, en detrimento del artículo 48 de la Acordada N° 1.066/16 de la Corte Suprema de Justicia.

Teniendo en cuenta que el actuario judicial es el funcionario responsable de controlar que todos los documentos agregados a los expedientes judiciales cumplan con los requisitos formales que las normas establecen, el Consejo de Superintendencia también abrió sumario a la actuaria María Luisa Ortigoza Vázquez.

Por otro lado, la auditoría constató que los oficios mencionados fueron retirados por el abogado Christian Velázquez, representante legal del Banco Itapúa, a los efectos de llevar a cabo presuntamente su diligenciamiento, cuando es potestad exclusiva del juzgado realizar el trámite de dichos oficios. El citado profesional también fue sumariado.

Por tales motivos, la auditoría concluye que existe una alta posibilidad de que el rematador tenía conocimiento de que fue designado en dos remates en una misma ronda, en dos ocasiones, y que por ese motivo se trata de un hecho punible que debe ser comunicado al Ministerio Público para los fines correspondientes.

Mediante la Resolución N° 56 del Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, del 20 de junio de 2017, se dispuso la instrucción de un sumario administrativo y suspensión preventiva del auxiliar de justicia Atilio Estigarribia Salinas, rematador con matrícula número 29, y también la apertura de un sumario.