La visita de control se encargó de la inspección de los establecimientos penitenciarios, el juzgado escuchó las solicitudes y quejas que presentaron los internos y realizó relevamiento de datos en relación a las condiciones de alimentación, vestuario, higiene, salud, recreación, trato dispensado, condiciones de habitabilidad y respeto de los derechos humanos de los mismos. En atención a las situaciones observadas se requirieron explicaciones a los directores de las respectivas penitenciarías, cuyo informe final será elevado a la máxima instancia judicial.

En relación a la transparencia de la tramitación de las causas y de los internos que se encuentran a cargo del juzgado de Ejecución Penal de Cordillera en las penitenciarías citadas, el juzgado ordenó que se provea a las representantes del Ministerio Público y de la Defensoría Pública la lista completa con el estado procesal de cada interno, a los efectos de que las citadas partes cumplan con los artículos 20 y 21 del Código de Ejecución Penal, Ley 5162, de la República del Paraguay.

Los citados artículos 20 y 21 respectivamente hablan de que el Ministerio Público, por intermedio del fiscal de Ejecución, intervendrá en el proceso de ejecución de las penas y medidas, así como en los incidentes de ejecución, y velará por los fines constitucionales de la pena y los derechos del condenado, a cuyo efecto podrá formular requerimientos ante el juez de Ejecución y el Ministerio de la Defensa Pública, por intermedio del defensor de Ejecución, que ejercerá la defensa técnica del interno condenado o prevenido durante la ejecución de la pena o medida o la vigencia de la medida cautelar dictada, toda vez que el mismo lo requiera o que no tenga un defensor particular.