La disposición se dio a conocer tras una reunión que mantuvo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Eugenio Jiménez Rolón, acompañado de los ministros Antonio Fretes, Carolina Llanes y Manuel Ramírez Candia con el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor y la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez.

Al respecto, la ministra de la Corte Suprema, Carolina Llanes señaló que de esta manera la Corte Suprema de Justicia reafirma su compromiso de aplicar la Constitución Nacional y las leyes, dentro del orden de prelación que establecen las mismas. 

Dijo que si bien el protocolo ayudó en la ejecución de los desalojos, en la mayoría de los caso ha obstaculizado el proceso judicial. “Decidimos dejar de lado los protocolos, que en alguna medida han tenido la intención de ayudar pero en la mayoría de los casos han obstaculizados el ejercicio oportuno del poder penal del Estado”.

El ministro del Interior, por su parte sostuvo estar de acuerdo con la disposición y que el objetivo es aplicar en forma inmediata lo resuelto durante la reunión. “La reunión fue muy positiva de cara a la vigencia de los derechos de la gente en la República del Paraguay en cuanto al principio constitucional de la propiedad privada, que no debe encontrar obstáculos dentro de las normas procesales”.

Entre otros puntos el protocolo contemplaba que ante el conocimiento de un supuesto hecho punible de invasión de inmueble ajeno, el fiscal tras realizar el análisis del caso y comprobar la titularidad del inmueble, solicitaba el acompañamiento de la Policía Nacional y se constituía al lugar del hecho para conocer el motivo de la ocupación. En ese mismo sentido, les advertía las consecuencias de su conducta para posteriormente proceder a iniciar el proceso de desalojo.

De la reunión también participaron representantes de la Unión Industrial del Paraguay, Asociación Rural del Paraguay y de la Unión de Gremios de la Producción.